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Despacho Kohen Avocats, retirada del soporte vital en París
Abogado de retirada del soporte vital en París: impugnar la decisión
Reanimación, estado vegetativo o de mínima conciencia, limitación de los tratamientos activos: el despacho asiste a la persona de confianza (personne de confiance) y a la familia durante el procedimiento colegiado (procédure collégiale), y después ante el juez de medidas urgentes (juge des référés) del tribunal administrativo y ante el Consejo de Estado (Conseil d'État). También ayuda a redactar instrucciones previas precisas.
Disponible 24 horas, 7 días a la semana. Cuando conoce de un recurso de medidas urgentes para la protección de una libertad fundamental (référé-liberté), el juez de medidas urgentes del tribunal administrativo resuelve en un plazo de cuarenta y ocho horas según el Código; su auto puede ser recurrido en apelación ante el Consejo de Estado en los quince días siguientes a su notificación.
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El abogado Hassan Kohen
Abogado del Colegio de Abogados de París — final de vida y retirada de tratamientos, ante el tribunal administrativo y el Consejo de Estado.
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Página actualizada el 12 de octubre de 2026.
Respuesta rápida
Cuando un paciente ya no puede expresar su voluntad, la retirada o la limitación de sus tratamientos la decide el médico responsable, en virtud del rechazo de la obstinación irrazonable, tras un procedimiento colegiado, respetando sus instrucciones previas o tras consultar a la persona de confianza, a la familia o a los allegados. La decisión es motivada y se comunica. La familia que la impugne puede acudir al juez de medidas urgentes del tribunal administrativo y, en apelación, al Consejo de Estado, y el médico no puede ejecutarla antes de que ese recurso haya podido ejercerse y resolverse. El despacho Kohen Avocats, en el distrito 16 de París, interviene durante el procedimiento colegiado y ante el juez. Disponible en el +33 6 89 11 34 45.
¿Una decisión anunciada, una reunión colegiada, un recurso por presentar?
Comprender su situación
La retirada del soporte vital en París, explicada
El final de vida se rige por los artículos L. 1110-5 y siguientes y L. 1111-4 y siguientes del Código de Salud Pública francés (Code de la santé publique). Dos leyes los modificaron en 2026: la ley de 26 de mayo de 2026 sobre el acompañamiento y los cuidados paliativos, que redefine el procedimiento colegiado, y después la ley de 18 de agosto de 2026 relativa al derecho a la ayuda para morir (aide à mourir). La retirada de tratamientos por obstinación irrazonable sigue siendo una decisión médica, regulada y controlada por el juez. Forma parte de la práctica del despacho en derecho sanitario. Lo que conviene saber, paso a paso.
Puntos clave
Lo que permite la ley y con qué condiciones
Las normas del Código de Salud Pública en vigor a 12 de octubre de 2026 y el juez que las controla.
Sin obstinación irrazonable: los tratamientos inútiles, desproporcionados o que no tengan otro efecto que el mero mantenimiento artificial de la vida pueden suspenderse o no iniciarse (artículo L. 1110-5-1).
El paciente consciente decide: toda persona puede rechazar o interrumpir un tratamiento, y el médico respeta su voluntad tras informarle de las consecuencias (artículo L. 1111-4).
El paciente que no puede expresarse: procedimiento colegiado, respeto de las instrucciones previas o, en su defecto, consulta a la persona de confianza, a la familia o a los allegados.
Los cuidados continúan: la nutrición y la hidratación artificiales son tratamientos, pero el acompañamiento y los cuidados paliativos se deben hasta el final (artículo L. 1110-5-1).
En un hospital público, la decisión médica puede someterse al juez de medidas urgentes del tribunal administrativo y después al Consejo de Estado. El juez no sustituye al equipo asistencial; comprueba que la decisión se ajusta a los supuestos previstos por la ley, si es necesario previa pericial. La retirada de tratamientos no debe confundirse con la ayuda para morir, régimen distinto creado en agosto de 2026, que exige la solicitud de la propia persona.
Dos situaciones
Cuando el paciente puede expresarse, o ya no puede
Quién decide en cada caso y qué lugar ocupan los allegados.
El paciente puede expresar su voluntad
- Toma con el médico las decisiones que afectan a su salud y puede rechazar cualquier tratamiento; si con ello pone en peligro su vida, debe reiterar su decisión en un plazo razonable (artículo L. 1111-4).
- Puede solicitar una sedación profunda y continua en los supuestos previstos por el artículo L. 1110-5-2.
- Puede designar a una persona de confianza y redactar o revisar instrucciones previas en cualquier momento.
El paciente ya no puede expresarse
- Decide el médico responsable, tras un procedimiento colegiado (artículo R. 4127-37-2).
- Debe respetar las instrucciones previas, salvo urgencia vital o instrucciones manifiestamente inadecuadas, que se descartan de forma colegiada (artículo L. 1111-11).
- A falta de instrucciones, recaba el testimonio de la persona de confianza, que prevalece, o el de la familia y los allegados (artículos L. 1111-6 y L. 1111-12).
La familia no decide en lugar del paciente, pero es oída e informada. Lo que refiere de la voluntad del paciente pesa en la decisión médica y después ante el juez.
En cada etapa se puede comprobar una garantía legal:
Paso a paso
Del procedimiento colegiado al juez de medidas urgentes
Lo que hace el abogado antes de la decisión y después, cuando se impugna.
Hacer oír la voluntad del paciente
Solicitud escrita de inicio del procedimiento colegiado o de información sobre él, testimonios, instrucciones previas, escritos del paciente: estos elementos se entregan al equipo antes de la reunión.
Leer los motivos
La decisión es motivada y se incorpora al expediente; la persona de confianza o la familia es informada de su naturaleza y de sus motivos (artículo R. 4127-37-2, IV). El abogado comprueba la composición del colegio y el consultor.
Acudir al juez de medidas urgentes
Solicitud de medidas urgentes para la protección de una libertad fundamental (référé-liberté) ante el tribunal administrativo (artículo L. 521-2 del Código de Justicia Administrativa francés, Code de justice administrative), con los documentos médicos disponibles y, si es necesario, una petición de peritaje.
El Consejo de Estado
Apelación en los quince días siguientes a la notificación del auto (artículo L. 523-1). El juez valora la situación en la fecha en que resuelve, incluida su evolución.
El médico no puede ejecutar su decisión antes de que las personas consultadas que deseen acudir al juez hayan podido hacerlo y obtener una resolución (CE, 21 décembre 2022, n° 463391). Aun así, hay que acudir a él a tiempo.
Cronología
El desarrollo de una impugnación
Las etapas habituales, desde el inicio del procedimiento colegiado hasta el auto del Consejo de Estado.
Inicio del procedimiento colegiado
Por iniciativa del médico o a petición de la persona de confianza, de la familia o de un allegado; estos son informados desde que se inicia.
Reunión y decisión
Deliberación del equipo, dictamen motivado de al menos un consultor, indagación de la voluntad del paciente y, después, decisión motivada del médico responsable.
Información a la familia
Naturaleza y motivos de la decisión, a menudo con una fecha de ejecución. Es el momento de anunciar por escrito la intención de acudir al juez.
Medidas urgentes ante el tribunal administrativo
El juez resuelve en un plazo de cuarenta y ocho horas según el artículo L. 521-2; si ordena un peritaje, puede suspender la decisión mientras dure la instrucción, como en el asunto resuelto el 3 de noviembre de 2025.
Apelación ante el Consejo de Estado
En los quince días siguientes a la notificación del auto, sin obligación de estar representado por abogado (artículo R. 523-3 del Código de Justicia Administrativa).
Después del auto
Si el estado del paciente evoluciona, un nuevo procedimiento colegiado puede conducir a una nueva decisión, que a su vez puede ser recurrida.
Preparar el expediente
Instrucciones previas y documentos que reunir
Lo que acredita la voluntad del paciente y permite debatir la decisión médica.
Las instrucciones previas, escritas, fechadas y firmadas, o la declaración de los dos testigos (artículo R. 1111-17).
El documento de designación de la persona de confianza, cofirmado por esta (artículo L. 1111-6).
La decisión motivada y las actas comunicadas por el equipo médico, con sus fechas.
Los escritos, mensajes o testimonios que recojan lo que el paciente decía sobre su final de vida.
Los dictámenes de médicos externos consultados por la familia y los intercambios sobre un eventual traslado.
La sentencia de tutela o de curatela, si el paciente está sometido a una medida de protección.
El acceso a la historia clínica se rige por el artículo L. 1111-7 del Código de Salud Pública: para el paciente o, si está sometido a una medida de protección con representación en lo relativo a la persona, para quien ejerza esa medida, la comunicación debe hacerse como máximo en los ocho días siguientes a la solicitud, tras un plazo de reflexión de cuarenta y ocho horas, o en dos meses para informaciones de más de cinco años. Transmita lo que tenga, aunque esté incompleto, llamando al +33 6 89 11 34 45.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Trece respuestas basadas en el Código de Salud Pública en vigor y en decisiones verificadas del Consejo de Estado.
¿Qué es la obstinación irrazonable?
El Código de Salud Pública prohíbe aplicar o proseguir actos médicos que constituyan una obstinación irrazonable. Cuando resultan inútiles, desproporcionados o no tienen otro efecto que el mero mantenimiento artificial de la vida, pueden suspenderse o no iniciarse, conforme a la voluntad del paciente o, si ya no puede expresarla, al término de un procedimiento colegiado (artículo L. 1110-5-1). La nutrición y la hidratación artificiales son tratamientos en el sentido de este texto.
La noción no se reduce a la gravedad del estado del paciente. El Consejo de Estado lo recuerda: «la sola circunstancia de que una persona se encuentre en un estado irreversible de inconsciencia o, con mayor razón, de pérdida de autonomía que la haga depender de un modo de sustitución de las funciones vitales como este no puede caracterizar, por sí sola, una situación en la que la continuación de dicho tratamiento resultaría injustificada en nombre del rechazo de la obstinación irrazonable» (traducción propia) (CE, juge des référés, 3 novembre 2025, n° 508990, decisión en Légifrance).
El médico debe basarse en un conjunto de elementos médicos y no médicos, propios de cada paciente: su estado actual, su evolución, su sufrimiento, el pronóstico y la voluntad que haya podido expresar.
¿Quién decide la retirada de los tratamientos cuando el paciente ya no puede expresarse?
El médico responsable del paciente, al término de un procedimiento colegiado (artículo R. 4127-37-2 del Código de Salud Pública). La familia y los allegados no deciden; son informados y, a falta de instrucciones previas, consultados. La decisión respeta las instrucciones previas; en su ausencia, solo se adopta tras recabar, de la persona de confianza o, en su defecto, de la familia o de un allegado, el testimonio de la voluntad expresada por el paciente (artículo L. 1111-4).
Cuando la decisión afecta a un menor o a un mayor protegido con representación en lo relativo a la persona, el médico recaba además la opinión de los titulares de la patria potestad o de quien ejerza la medida, salvo que una urgencia haga imposible esa consulta.
La decisión es motivada y se incorpora a la historia clínica. La persona de confianza o, en su defecto, la familia o un allegado, es informada de su naturaleza y de sus motivos. Son estos elementos, las actas de la reunión y los motivos escritos, los que el abogado lee primero, porque el juez también los leerá.
¿Cómo se desarrolla el procedimiento colegiado?
Desde la ley de 26 de mayo de 2026 sobre el acompañamiento y los cuidados paliativos, el artículo L. 1110-5-1 del Código de Salud Pública define el procedimiento colegiado como una deliberación pluridisciplinar entre los miembros disponibles del equipo asistencial y el médico responsable del paciente, que incluye, en la medida de lo posible, al médico de cabecera, al médico de referencia del centro sociosanitario y a un profesional del equipo que acompaña al paciente en su domicilio o en un centro. Su funcionamiento se remite al reglamento.
El texto reglamentario en vigor a 12 de octubre de 2026 sigue siendo el artículo R. 4127-37-2: deliberación con los miembros presentes del equipo asistencial y dictamen motivado de al menos un médico consultor, sin vínculo jerárquico con el médico responsable. Se recurre a un segundo consultor si alguno de ellos lo estima útil. La persona de confianza, la familia o un allegado es informado desde que se inicia el procedimiento.
En la práctica, la familia puede pedir ser recibida, exponer lo que el paciente decía sobre su final de vida y entregar escritos. El despacho prepara estos testimonios con ella, antes de la reunión colegiada.
¿Puede la familia solicitar que se inicie el procedimiento colegiado?
Sí. El médico responsable del paciente puede iniciar el procedimiento colegiado por propia iniciativa, pero está obligado a hacerlo a petición de la persona de confianza o, en su defecto, de la familia o de uno de los allegados (artículo R. 4127-37-2, II, del Código de Salud Pública). Esta facultad sirve también a la familia que considera que los tratamientos se han vuelto irrazonables: puede pedir que la cuestión se examine de forma colegiada.
La petición se hace preferentemente por escrito, dirigida al médico responsable y al jefe de servicio, y se conserva. Permite fechar el intercambio y obtener, al término del procedimiento, una decisión motivada. Una vez iniciado el procedimiento, es obligatorio informar a la persona de confianza o a la familia.
En ambos supuestos, la decisión adoptada sigue siendo médica. Si se impugna, el juez de medidas urgentes comprueba que se ajusta a los supuestos previstos por la ley.
¿Son vinculantes las instrucciones previas para el médico?
En principio, sí. Las instrucciones previas vinculan al médico en cualquier decisión de investigación, intervención o tratamiento (artículo L. 1111-11 del Código de Salud Pública). Se prevén dos excepciones: la urgencia vital, durante el tiempo necesario para una evaluación completa de la situación, y las instrucciones que resulten manifiestamente inadecuadas o no conformes con la situación médica.
En este segundo caso, la negativa a aplicarlas solo puede decidirse al término de un procedimiento colegiado. El médico recaba la opinión del equipo asistencial y la de al menos un médico consultor sin vínculo jerárquico con él; puede recabar el testimonio de la persona de confianza o de los allegados (artículo R. 4127-37-1). La decisión de negativa es motivada, se incorpora al expediente y se comunica a la persona de confianza o, en su defecto, a la familia.
Las instrucciones operan en ambos sentidos: pueden pedir la retirada de tratamientos o su continuación. Si existen varias, prevalecen las más recientes, sea cual sea su soporte.
¿Cómo redactar instrucciones previas válidas?
Las instrucciones previas son un documento escrito, fechado y firmado por su autor mayor de edad, identificado por sus apellidos, nombre, fecha y lugar de nacimiento (artículo R. 1111-17 del Código de Salud Pública). La persona que no pueda escribir ni firmar, aunque esté en condiciones de expresar su voluntad, puede pedir a dos testigos, entre ellos la persona de confianza si ha designado una, que atestigüen que el documento expresa su voluntad libre e informada. Un mayor de edad protegido con representación en lo relativo a la persona las redacta con autorización del juez o del consejo de familia.
Existe un modelo oficial; distingue la situación de la persona que sabe que padece una afección grave y la de la que no (artículo R. 1111-18). Las instrucciones pueden depositarse en la historia clínica compartida (dossier médical partagé), o confiarse al médico de cabecera, a la persona de confianza o a un allegado (artículo R. 1111-19). Son revisables y revocables en cualquier momento.
Un texto útil indica con precisión qué tratamientos acepta o rechaza la persona y en qué situaciones. El despacho ayuda a formularlo para que no se considere inadecuado por falta de precisión.
¿Cuál es el papel de la persona de confianza?
Toda persona mayor de edad puede designar a una persona de confianza, un pariente, un allegado o su médico de cabecera, que será consultada si ella misma ya no puede expresar su voluntad (artículo L. 1111-6 del Código de Salud Pública). La persona de confianza da cuenta de la voluntad de la persona, y su testimonio prevalece sobre cualquier otro. La designación es escrita y cofirmada por la persona designada; desde la ley de 26 de mayo de 2026, esta recibe una guía que presenta su papel.
El juez comprueba de forma concreta que ha sido consultada. En un asunto resuelto en 2026, el Consejo de Estado señaló que su testimonio se había recabado durante toda la hospitalización y la víspera de la reunión colegiada, de modo que «el motivo basado en que no se habría consultado a la persona de confianza prevista en el artículo L. 1111-6 del Código de Salud Pública, cuando el artículo L. 1111-4 del mismo código lo exige si el paciente no es apto para expresar su voluntad, carece de fundamento fáctico» (traducción propia) (CE, juge des référés, 30 juin 2026, n° 516675, decisión en Légifrance).
Por ello, a la persona de confianza le interesa conservar constancia de cada entrevista con el equipo médico.
¿Cómo impugnar con urgencia una decisión de retirada de tratamientos?
En un hospital público, la vía habitual es el recurso de medidas urgentes para la protección de una libertad fundamental (référé-liberté) ante el juez de medidas urgentes del tribunal administrativo: puede ordenar cualquier medida necesaria para salvaguardar una libertad fundamental a la que se haya causado una vulneración grave y manifiestamente ilegal, y resuelve en un plazo de cuarenta y ocho horas (artículo L. 521-2 del Código de Justicia Administrativa). El Consejo de Estado describe una función particular: el juez «debe entonces adoptar las medidas de salvaguarda necesarias para impedir su ejecución cuando esa decisión pudiera no corresponderse con los supuestos previstos por la ley» (traducción propia) (CE, juge des référés, 3 novembre 2025, n° 508990, decisión en Légifrance).
La solicitud expone al menos someramente los hechos y los motivos y justifica la urgencia (artículo R. 522-1). Está dispensada de la representación por abogado (artículo R. 522-5), pero se construye sobre documentos médicos y testimonios precisos. El juez puede resolver en formación de tres jueces y ordenar un peritaje médico.
Si el centro es privado, la vía de recurso depende de su estatuto: debe determinarse antes de acudir al juez.
¿Puede el médico retirar los tratamientos antes de que el juez haya resuelto?
No, cuando las personas consultadas quieren acudir al juez. El Consejo de Estado considera que el médico que decide una retirada de tratamiento «no puede ejecutar esta decisión antes de que las personas a las que ha consultado y que pudieran querer someter el asunto a la jurisdicción competente hayan podido hacerlo y obtener una resolución de esta» (traducción propia) (CE, 21 décembre 2022, n° 463391, decisión en Légifrance).
En ese asunto, resuelto en un procedimiento de suspensión (référé-suspension), el Consejo de Estado anuló el auto de un juez de medidas urgentes que había rechazado la solicitud de la familia sin comprobar más, aunque se sostenía seriamente que la decisión podría no corresponderse con los supuestos previstos por la ley. El asunto fue devuelto al tribunal administrativo.
En concreto, la familia que se plantee un recurso debe decírselo claramente al equipo médico, por escrito, y acudir al juez sin esperar a la fecha anunciada para la retirada. El plazo que separa la decisión de su ejecución suele ser de solo unos días.
¿Puede el juez dar la razón a la familia?
Sí, cuando el centro no demuestra que se cumplen los requisitos legales. En septiembre de 2026, el Consejo de Estado confirmó la suspensión de una decisión de limitación de tratamientos adoptada respecto de un paciente tetrapléjico cuyo estado había mejorado y a quien se proponía una estancia de rehabilitación; consideró que «los requisitos de aplicación de lo dispuesto en el artículo L. 1110-5-1 del Código de Salud Pública no se cumplen, a día de hoy» (traducción propia) (CE, juge des référés, 9 septembre 2026, n° 518545, decisión en Légifrance).
La solución inversa es frecuente. En los autos de 3 de noviembre de 2025 y de 30 de junio de 2026 citados en esta página, el juez consideró, a la vista de peritajes o de elementos médicos que abarcaban varios meses, que la continuación de los tratamientos constituía una obstinación irrazonable.
El resultado depende de los hechos médicos, de su evolución y de la voluntad del paciente. El abogado no promete ningún resultado: verifica el procedimiento, reúne los elementos en sentido contrario, solicita un peritaje cuando es útil y hace valer cualquier elemento nuevo.
¿Qué ocurre después del auto del tribunal administrativo?
El auto dictado en un référé-liberté puede ser recurrido en apelación ante el Consejo de Estado en los quince días siguientes a su notificación; el presidente de la sección de lo contencioso o el consejero delegado resuelve en un plazo de cuarenta y ocho horas, según el texto (artículo L. 523-1 del Código de Justicia Administrativa). Esta apelación está dispensada de la representación por abogado (artículo R. 523-3).
Con todo, la situación no queda congelada. El estado del paciente puede evolucionar, y el equipo médico puede retomar un procedimiento colegiado y adoptar una nueva decisión. En el asunto resuelto el 3 de noviembre de 2025, se había celebrado una nueva reunión colegiada durante la apelación. En el de 9 de septiembre de 2026, fue la mejoría del estado del paciente la que llevó al juez a mantener la suspensión.
El despacho garantiza la continuidad del expediente: procedimiento colegiado, tribunal administrativo, Consejo de Estado y, después, seguimiento de las decisiones médicas posteriores.
Retirada de tratamientos y ayuda para morir: ¿qué diferencia hay?
La retirada de tratamientos en virtud del rechazo de la obstinación irrazonable afecta con más frecuencia a un paciente que ya no puede expresar su voluntad: la decisión es médica, adoptada tras un procedimiento colegiado. Cuando el médico retira entonces un tratamiento de mantenimiento de la vida, aplica una sedación profunda y continua asociada a una analgesia (artículo L. 1110-5-2 del Código de Salud Pública), salvo oposición del paciente en sus instrucciones previas (artículo R. 4127-37-3).
La ayuda para morir, creada por la ley n.º 2026-794 de 18 de agosto de 2026, se basa, por el contrario, en la solicitud de la propia persona. Exige, en particular, una afección grave e incurable que comprometa el pronóstico vital, un sufrimiento refractario o insoportable y la aptitud para manifestar una voluntad libre e informada (artículo L. 1111-12-2). La decisión del médico solo puede ser impugnada por la persona que formuló la solicitud, ante la jurisdicción administrativa; como única excepción, quien ejerza una medida de protección puede impugnar, en los dos días siguientes a su notificación, la decisión que autoriza a un mayor protegido a acceder a ella (artículo L. 1111-12-10).
Un allegado no puede, por tanto, solicitar la ayuda para morir en lugar del paciente. Los dos regímenes no se confunden, y un litigio sobre la retirada de tratamientos no se plantea con las normas de la ayuda para morir.
¿Qué honorarios tiene un expediente de retirada de tratamientos?
Los honorarios se fijan de acuerdo con el cliente. El artículo 10 de la ley n.º 71-1130 de 31 de diciembre de 1971 impone un convenio de honorarios escrito, salvo urgencia, fuerza mayor o intervención en el marco de la asistencia jurídica total (aide juridictionnelle totale): el cliente sabe qué cubre el encargo y cuánto cuesta.
El despacho prefiere la tarifa fija por etapa: acompañamiento durante el procedimiento colegiado, medidas urgentes ante el tribunal administrativo, apelación ante el Consejo de Estado, redacción de instrucciones previas o designación de una persona de confianza. Todo encargo nuevo da lugar a una adenda.
La asistencia jurídica (aide juridictionnelle) puede solicitarse con sujeción a condiciones de recursos. Para un primer análisis escrito, el estudio previo del expediente, a 80 € IVA incluido a través del formulario de esta página, permite transmitir la decisión médica y las actas. Primer contacto en el +33 6 89 11 34 45.
Referencias
Textos oficiales y páginas relacionadas
Las fuentes de esta página, en su versión en vigor a 12 de octubre de 2026, y las áreas de actuación afines del despacho.
Textos oficiales y resoluciones
- Artículo L. 1110-5 del Código de Salud Pública: derecho a un final de vida digno y acompañado
- Artículo L. 1110-5-1 del Código de Salud Pública: obstinación irrazonable y procedimiento colegiado
- Artículo L. 1110-5-2 del Código de Salud Pública: sedación profunda y continua
- Artículo L. 1111-4 del Código de Salud Pública: consentimiento, rechazo de tratamiento, paciente que no puede expresarse
- Artículo L. 1111-6 del Código de Salud Pública: persona de confianza
- Artículo L. 1111-11 del Código de Salud Pública: instrucciones previas
- Artículo L. 1111-12-10 del Código de Salud Pública: recurso contra una decisión sobre la ayuda para morir
- Artículo R. 4127-37-1 del Código de Salud Pública: negativa a aplicar las instrucciones previas
- Artículo R. 4127-37-2 del Código de Salud Pública: limitación o retirada de tratamiento
- Artículo R. 1111-17 del Código de Salud Pública: forma de las instrucciones previas
- Artículo L. 521-2 del Código de Justicia Administrativa: référé-liberté (medidas urgentes para la protección de una libertad fundamental)
- Artículo L. 523-1 del Código de Justicia Administrativa: apelación ante el Consejo de Estado
- Ley n.º 2026-404 de 26 de mayo de 2026: acompañamiento y cuidados paliativos
- Ley n.º 2026-794 de 18 de agosto de 2026: derecho a la ayuda para morir
- CE, 21 décembre 2022, n° 463391: sin ejecución antes de que el juez haya podido resolver
- CE, juge des référés, 3 novembre 2025, n° 508990: función del juez y obstinación irrazonable
- CE, juge des référés, 30 juin 2026, n° 516675: consulta a la persona de confianza
- CE, juge des référés, 9 septembre 2026, n° 518545: suspensión mantenida tras la mejoría
¿Una decisión de retirada de tratamientos que impugnar?
El despacho está disponible 24 horas, 7 días a la semana. Transmita la decisión anunciada, las actas y las instrucciones previas si existen: el abogado verifica el procedimiento colegiado, prepara los testimonios sobre la voluntad del paciente y acude, si es necesario, al juez de medidas urgentes del tribunal administrativo y después al Consejo de Estado. Para una medida de cuidados psiquiátricos impuesta, consulte la página dedicada a la hospitalización forzosa.