Despacho de abogados Kohen Avocats — Derecho inmobiliario
Abogado alquiler Airbnb en París: multa, subarriendo, comunidad de propietarios
Citación del Ayuntamiento de París, cambio de uso, subarriendo por un inquilino, prohibición en la comunidad de propietarios: el despacho defiende a anfitriones, arrendadores y copropietarios en París y en la región de Île-de-France.
¿Citado por el Ayuntamiento? El procedimiento es acelerado: envíenos la citación con la fecha de la vista.
Alojamiento turístico amueblado · París
Preparar su defensa
Envíe la citación, el contrato de arrendamiento o el reglamento y los extractos de la plataforma a nuestro despacho de abogados de derecho inmobiliario en París para un primer análisis escrito.
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al año como máximo en París
para una vivienda habitual
Kohen Avocats, distrito 16 de París
Su expediente de alquiler de corta duración
Alquiler de corta duración · distrito 16 de París
Alquilar como alojamiento turístico amueblado sin incurrir en multa
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- Anfitriones, arrendadores, comunidades de propietarios
Cuando responde a la definición de alojamiento turístico amueblado (meublé de tourisme), es decir, vivienda amueblada destinada al uso exclusivo de una clientela de paso que no fija en ella su domicilio, el inmueble alquilado en Airbnb o en otra plataforma queda sujeto a varios regímenes a la vez: la declaración previa y el límite de días para una vivienda habitual (artículo L. 324-1-1 del Código de Turismo francés (Code du tourisme)), la autorización de cambio de uso en las ciudades que la exigen (artículo L. 631-7 del Código de la Construcción y de la Vivienda francés (Code de la construction et de l'habitation)), el contrato de arrendamiento del inquilino y el reglamento de la comunidad de propietarios (règlement de copropriété). Las sanciones son severas: hasta 100 000 € de multa civil por local transformado sin autorización (artículo L. 651-2 del Código de la Construcción y de la Vivienda).
El despacho defiende a los anfitriones citados por el Ayuntamiento de París, asiste a los arrendadores cuyo inquilino subarrienda sin consentimiento y asesora a los copropietarios y a las comunidades de propietarios (syndicats des copropriétaires) que se enfrentan a alquileres turísticos reiterados. El estudio parte de la citación o del requerimiento formal, del título de propiedad o del contrato de arrendamiento y de los extractos de la plataforma. Llame al despacho al +33 6 89 11 34 45 o envíe estos documentos mediante el formulario para un primer análisis escrito.
Ficha oficial en el directorio de abogados de Francia (CNB)Despacho en 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris
Defenderse frente al Ayuntamiento
Discutir el uso residencial del local, la prueba de los alquileres y el importe de la multa solicitada.
Poner fin a un subarriendo
Reunir la prueba de los anuncios, solicitar la resolución del contrato de arrendamiento y la restitución de las rentas del subarriendo.
Actuar en la comunidad de propietarios
Verificar el reglamento, el destino del inmueble (destination de l'immeuble) y la mayoría de una prohibición votada.
El anfitrión propietario
Declaración, límite de días y cambio de uso
Toda persona que ofrezca en alquiler un alojamiento turístico amueblado debe declararlo previamente; la ley prevé un registro en un servicio electrónico nacional, que asigna un número, y la declaración indica si se trata de la vivienda habitual del anfitrión, con la prueba correspondiente (artículo L. 324-1-1, III del Código de Turismo). Las modalidades de presentación y la transición de los antiguos números municipales deben verificarse en el servicio oficial en la fecha del trámite.
90 días
al año como máximo en París para una vivienda habitual
100 000 €
de multa civil como máximo por local transformado
15 000 €
como máximo en caso de superar el límite
La vivienda habitual
Un límite de días
La vivienda habitual no puede alquilarse como alojamiento turístico amueblado más de ciento veinte días por año natural, salvo obligación profesional, razón de salud o fuerza mayor; el municipio puede reducir este límite hasta noventa días (artículo L. 324-1-1, IV del Código de Turismo). París lo ha hecho: desde el 1 de enero de 2025, el límite allí es de 90 días al año. El municipio puede solicitar el número de días alquilados hasta el 31 de diciembre del año siguiente, y el anfitrión responde en el plazo de un mes. El incumplimiento de estas obligaciones expone a una multa civil de hasta 15 000 €. En cambio, la vivienda habitual efectiva está dispensada de la autorización de cambio de uso (artículo L. 631-7-1 A del Código de la Construcción y de la Vivienda): superar el límite no basta, por sí solo, para caracterizar un cambio de uso ilícito.
Las demás viviendas
Una autorización de cambio de uso
En los municipios afectados, alquilar un local de uso residencial como alojamiento turístico amueblado constituye un cambio de uso sujeto a autorización previa (artículo L. 631-7 del Código de la Construcción y de la Vivienda). En París, la autorización supone en principio una compensación, y la solicitud debe presentar un certificado de eficiencia energética (DPE) de clase A a E, y después de clase A a D a partir de 2034 (artículo L. 631-10 del Código de la Construcción y de la Vivienda). Sin autorización, la multa civil puede alcanzar los 100 000 € por local; cuando el municipio lo solicita, el presidente del tribunal ordena además la vuelta al uso residencial en el plazo que fije, con una multa coercitiva (astreinte) al vencimiento de dicho plazo (artículo L. 651-2 del Código de la Construcción y de la Vivienda).
La comunicación
Multas administrativas
La falta de declaración expone a una multa administrativa de hasta 10 000 €, y una declaración falsa o un número falso a una de hasta 20 000 €, impuestas por el municipio (artículo L. 324-1-1, V del Código de Turismo).
« La multa civil así prevista constituye una sanción de carácter punitivo » (traducción propia)
Cass. 3e civ., avis, 10 avril 2025, n° 25-70.002, § 6
El Tribunal de Casación (Cour de cassation) extrae de ello una consecuencia directa: la ley de 19 de noviembre de 2024, que amplió los criterios para considerar un local de uso residencial, es más severa y no se aplica a un cambio de uso anterior a su entrada en vigor, el 21 de noviembre de 2024. El uso del local se aprecia entonces conforme al antiguo artículo L. 631-7: referencia al 1 de enero de 1970, sin perjuicio de las construcciones, obras y autorizaciones posteriores. Una actividad mantenida a ambos lados de esa fecha exige analizar cada período.
La citación del Ayuntamiento
Impugnar la multa solicitada por el municipio
La multa del artículo L. 651-2 la impone el presidente del tribunal judicial (tribunal judiciaire) del lugar del local, por el procedimiento acelerado sobre el fondo (procédure accélérée au fond), a instancia del municipio mediante citación (artículo L. 651-2 del Código de la Construcción y de la Vivienda). Corresponde al municipio probar el uso residencial del local y el cambio de uso sin autorización.
El acta de constancia
Los agentes del municipio recogen los anuncios, los calendarios de reservas y la información facilitada por la plataforma. El anfitrión puede recibir un requerimiento de justificantes antes de cualquier citación.
La citación
El municipio acude al presidente del tribunal judicial, que resuelve por el procedimiento acelerado sobre el fondo. La fecha de la vista obliga a preparar rápidamente la defensa.
El uso del local
Según el texto actual, el uso residencial puede resultar, en particular, de un destino dado entre el 1 de enero de 1970 y el 31 de diciembre de 1976, o durante los treinta años anteriores a la solicitud de autorización o a la impugnación; también se examinan las construcciones, obras y autorizaciones posteriores, y la carga de la prueba recae sobre quien alega un uso ilícito (artículo L. 631-7 del Código de la Construcción y de la Vivienda). Para hechos anteriores a la ley de 2024, se aplica el criterio antiguo.
El importe
El juez fija la multa dentro del límite legal. Ante él se discuten la duración de los alquileres, las cantidades percibidas y la rápida regularización del local.
La prueba del uso
El primer terreno de la defensa
En un asunto juzgado en París en enero de 2025, el Ayuntamiento aportó una ficha de censo de 1970 que describía la vivienda como destinada exclusivamente a uso residencial; los documentos del propietario sobre la actividad comercial de la sociedad ocupante no bastaron para desvirtuarla (TJ Paris, procédure accélérée au fond, 20 janvier 2025, n° 24/55272). Por tanto, la defensa se prepara con las escrituras, las fichas y las autorizaciones anteriores.
La vivienda habitual
Un régimen distinto
La vivienda habitual efectiva del anfitrión, ocupada al menos ocho meses al año, está dispensada de la autorización de cambio de uso (artículo L. 631-7-1 A del Código de la Construcción y de la Vivienda); la mera declaración no la acredita. A la inversa, la falta de prueba de un uso residencial puede impedir la multa por cambio de uso, sin eximir de las reglas de declaración ni de las demás autorizaciones aplicables.
El arrendador y su inquilino
Subarriendo en una plataforma: los derechos del arrendador
En un contrato de arrendamiento sujeto a la ley de 6 de julio de 1989, el inquilino solo puede subarrendar su vivienda con el consentimiento escrito del arrendador, también en cuanto al precio; la renta por metro cuadrado del subarriendo no puede superar la del contrato principal, y el inquilino entrega al subarrendatario la autorización y una copia del contrato (artículo 8 de la ley de 6 de julio de 1989). El alquiler reiterado en una plataforma sin ese consentimiento es una falta que puede justificar la resolución del contrato.
« salvo cuando el subarriendo haya sido autorizado por el arrendador, las rentas del subarriendo percibidas por el arrendatario constituyen frutos civiles que pertenecen al propietario por accesión » (traducción propia)
Cass. 3e civ., 12 septembre 2019, n° 18-20.727
Por tanto, el arrendador puede reclamar el reembolso de las rentas del subarriendo percibidas, además de la resolución. En una vivienda social, la prohibición es aún más estricta: el subarriendo, amueblado o no, está prohibido fuera de los casos previstos por la ley (artículo L. 442-3-5 del Código de la Construcción y de la Vivienda).
La prueba
Acreditar el subarriendo
Acta de un agente judicial (commissaire de justice) sobre los anuncios, extractos obtenidos de la plataforma, testimonios: en París, el juez tuvo por acreditado el subarriendo a partir de la configuración de la vivienda visible en el anuncio, de las instrucciones de acceso dadas a los viajeros y de los vínculos entre el anfitrión declarado y los inquilinos (TJ Paris, JCP, 16 avril 2024, n° 23/02340).
Las pretensiones
Resolución y restitución
El arrendador solicita la resolución judicial del contrato, el desahucio y el reembolso de las rentas del subarriendo. El juez aprecia la gravedad del incumplimiento a la vista de todas las circunstancias: duración, reiteración, beneficios, naturaleza del contrato y, en su caso, el destino social de la vivienda; la resolución no es automática. El inquilino puede discutir la prueba y la imputabilidad de los anuncios.
Desde el 20 de agosto de 2026, el viajero que permanece tras el vencimiento de un contrato de alojamiento turístico amueblado puede ser objeto del procedimiento administrativo de desalojo ante el prefecto (préfet), en las condiciones del artículo 38 de la ley de 5 de marzo de 2007: denuncia, prueba del derecho invocado y acta de constancia de la ocupación. Este supuesto se trata en la página dedicada a los ocupantes sin título.
La comunidad de propietarios
Prohibir o defender el alquiler en el inmueble
El reglamento de la comunidad de propietarios solo puede restringir los derechos de los copropietarios en la medida justificada por el destino del inmueble. Desde la ley de 19 de noviembre de 2024, la junta puede modificar el reglamento para prohibir el alquiler como alojamiento turístico amueblado de las viviendas que no sean vivienda habitual, por la doble mayoría del artículo 26, con una segunda votación posible en las condiciones del artículo 26-1, si el reglamento ya prohíbe toda actividad comercial en los lotes que no sean específicamente comerciales (artículo 26, d de la ley de 10 de julio de 1965). Esta mayoría no exime de justificar la prohibición por el destino del inmueble. El copropietario que declara un alojamiento turístico amueblado lo comunica al administrador (syndic) (artículo 9-2 de la misma ley).
El reglamento
Cláusula de uso residencial y actividad comercial
El juez examina el reglamento, el destino del inmueble y los servicios ofrecidos. En una sentencia de 12 de junio de 2025, el tribunal de París descartó el carácter comercial del alquiler, por falta de prestaciones parahoteleras suficientes, pero ordenó su cese por ser incompatible con el destino del inmueble; desestimó la solicitud de indemnización por falta de prueba (TJ Paris, 8e ch., 12 juin 2025, n° 23/10810).
El acuerdo de la junta
Impugnar o hacer respetar la votación
El copropietario que se opuso o no asistió puede acudir al tribunal para impugnar un acuerdo de prohibición votado al margen de las condiciones legales, en el plazo de dos meses desde la notificación regular del acta (artículo 42 de la ley de 10 de julio de 1965). A la inversa, la comunidad puede actuar contra el copropietario que sigue alquilando en contravención del reglamento y reclamar una indemnización por las molestias sufridas.
Los documentos que debe enviar al despacho
- Citación o carta del municipio, y fecha de la vista.
- Título de propiedad, contrato de arrendamiento o reglamento de la comunidad de propietarios, según su situación.
- Número de declaración y prueba de la vivienda habitual, en su caso.
- Extractos de reservas e ingresos de la plataforma.
- Fichas de censo, autorizaciones urbanísticas o de cambio de uso anteriores.
- Actas de constancia, anuncios e intercambios con el inquilino o el administrador.
Preguntas frecuentes
Sus preguntas sobre el alquiler Airbnb
¿Se puede alquilar la vivienda habitual en Airbnb en París?
Sí, previa declaración, con un límite de 90 días por año natural en París desde el 1 de enero de 2025, salvo obligación profesional, razón de salud o fuerza mayor. El límite nacional es de 120 días en los municipios que no lo han reducido (artículo L. 324-1-1 del Código de Turismo). La declaración indica que se trata de la vivienda habitual, con la prueba correspondiente.
Superar el límite expone a una multa civil de hasta 15 000 €; no constituye, por sí solo, un cambio de uso ilícito, ya que la vivienda habitual efectiva está dispensada de autorización (artículo L. 631-7-1 A del Código de la Construcción y de la Vivienda). Además, el inquilino que alquila su vivienda habitual debe contar con el consentimiento escrito de su arrendador para subarrendar (artículo 8 de la ley de 6 de julio de 1989).
¿Qué multa corresponde a un alquiler Airbnb sin autorización de cambio de uso?
Hasta 100 000 € por local transformado irregularmente, impuesta por el presidente del tribunal judicial a instancia del municipio mediante citación, con, en su caso, la vuelta al uso residencial ordenada bajo multa coercitiva (artículo L. 651-2 del Código de la Construcción y de la Vivienda). Este importe procede de la ley de 19 de noviembre de 2024; antes era de 50 000 €.
Al ser la multa una sanción de carácter punitivo, la ley más severa no es retroactiva (Cass. 3e civ., avis, 10 avril 2025, n° 25-70.002). Por tanto, el período de los alquileres determina el texto aplicable, también para acreditar el uso residencial del local.
¿Cómo defenderse frente a una citación del Ayuntamiento de París?
El municipio debe probar que el local es de uso residencial y que se alquiló como alojamiento turístico amueblado sin autorización (artículo L. 631-7 del Código de la Construcción y de la Vivienda). La defensa examina en primer lugar el uso del local conforme al criterio aplicable al período en cuestión, incluidas las construcciones, obras y autorizaciones posteriores, y después la realidad y la duración de los alquileres y la condición de vivienda habitual.
El importe de la multa también se discute: duración de los alquileres, ingresos percibidos, regularización. Como el presidente resuelve por el procedimiento acelerado sobre el fondo, envíe la citación en cuanto la reciba, junto con los títulos de propiedad y los extractos de la plataforma.
Mi inquilino subarrienda mi piso en Airbnb: ¿qué puedo hacer?
Haga constatar los anuncios y reúna los elementos que vinculen el anuncio con la vivienda. El subarriendo sin consentimiento escrito está prohibido (artículo 8 de la ley de 6 de julio de 1989) y puede justificar la resolución del contrato. Las rentas del subarriendo percibidas pertenecen al propietario, salvo subarriendo autorizado (Cass. 3e civ., 12 septembre 2019, n° 18-20.727).
La demanda judicial versa sobre la resolución, el desahucio y la restitución de las cantidades. Según las necesidades de prueba y bajo el control del juez, puede requerirse al inquilino o a la plataforma la aportación de los extractos pertinentes.
¿Puede un inquilino subarrendar en Airbnb con el consentimiento del arrendador?
En un contrato sujeto a la ley de 6 de julio de 1989, sí, si el arrendador lo autoriza por escrito, también en cuanto al precio, dentro del límite de la renta por metro cuadrado pagada por el inquilino, y con entrega al subarrendatario de la autorización y de una copia del contrato (artículo 8 de la ley de 6 de julio de 1989). Se aplican además las reglas del alojamiento turístico amueblado: declaración, límite de días para la vivienda habitual, información al administrador en la comunidad de propietarios.
En una vivienda social, el subarriendo está prohibido fuera de los casos previstos por la ley (artículo L. 442-3-5 del Código de la Construcción y de la Vivienda): el consentimiento del arrendador no basta para hacer lícito un alquiler turístico.
¿Puede la comunidad de propietarios prohibir Airbnb en el inmueble?
Desde la ley de 19 de noviembre de 2024, la junta puede modificar el reglamento para prohibir el alquiler como alojamiento turístico amueblado de las viviendas que no sean vivienda habitual, por la doble mayoría del artículo 26, con una segunda votación posible, siempre que el reglamento ya prohíba toda actividad comercial en los lotes que no sean específicamente comerciales (artículo 26 de la ley de 10 de julio de 1965). La prohibición debe seguir estando justificada por el destino del inmueble.
Fuera de este supuesto, todo depende del reglamento y del destino del inmueble. El copropietario que se opuso o no asistió puede impugnar un acuerdo irregular acudiendo al tribunal en el plazo de dos meses desde la notificación regular del acta.
¿Es obligatorio el número de declaración?
Sí: toda oferta de alquiler de un alojamiento turístico amueblado exige una declaración previa, que la ley prevé registrar en un servicio electrónico nacional que asigna un número (artículo L. 324-1-1, III del Código de Turismo); las modalidades de presentación y la transición de los números municipales deben verificarse en la fecha del trámite. La falta de declaración expone a una multa administrativa de hasta 10 000 €, y una declaración falsa o un número falso a una de hasta 20 000 €.
El número no equivale a una autorización de cambio de uso: una vivienda que no es vivienda habitual sigue sujeta a la autorización del artículo L. 631-7 del Código de la Construcción y de la Vivienda en los municipios afectados.
¿Cuánto cuesta un abogado para un litigio de alquiler Airbnb?
Los honorarios se fijan mediante un convenio escrito, salvo las excepciones previstas por la ley (artículo 10 de la ley de 31 de diciembre de 1971). Dependen del procedimiento: defensa frente a una citación del municipio, acción contra un inquilino, contencioso de la comunidad de propietarios.
El despacho ofrece un primer análisis escrito por 80 € IVA incluido a partir de los documentos enviados mediante el formulario. Indica el régimen aplicable, los medios de defensa y los pasos posibles. No puede garantizarse ningún resultado judicial.
Fuentes y páginas relacionadas
Textos oficiales y páginas relacionadas
Principales textos citados, verificados en su versión vigente a 21 de octubre de 2026: Código de Turismo, Código de la Construcción y de la Vivienda, leyes de 6 de julio de 1989 y de 10 de julio de 1965. Para alquileres anteriores a la ley de 19 de noviembre de 2024, puede aplicarse el texto antiguo.
Para profundizar
Página actualizada el 21 de octubre de 2026. Las normas aplicables deben volver a comprobarse en la fecha de su situación.
¿Un litigio de alquiler Airbnb?
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