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Kohen Avocats, derecho sanitario digital y datos de salud en París
Abogado de salud digital en París: datos de salud y HDS
Como abogado de salud digital en París, el despacho trata el tratamiento y el alojamiento de datos de salud, la certificación HDS, las plataformas de teleconsulta, las aplicaciones y el software calificados como productos sanitarios y la comunicación de los profesionales sanitarios: asesora a editores de software, startups, centros sanitarios y profesionales, y defiende a los pacientes cuyos datos o cuyo secreto médico han sido vulnerados. Todo parte de una pregunta sencilla: qué datos, con qué fin y alojados por quién.
Despacho disponible 24 horas, 7 días a la semana. Una violación de la seguridad de datos de salud debe notificarse a la CNIL (la autoridad francesa de protección de datos) sin dilación indebida y, de ser posible, a más tardar 72 horas después de que se haya tenido constancia de ella (artículo 33 del RGPD); si la notificación se efectúa más tarde, deberá ir acompañada de los motivos de la dilación.
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El abogado Hassan Kohen
Abogado del Colegio de Abogados de París: datos de salud, alojamiento HDS, telemedicina, software y productos sanitarios, litigios sobre el secreto médico.
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Página actualizada el 1 de noviembre de 2026.
Respuesta rápida
Los datos relativos a la salud son datos sensibles cuyo tratamiento está prohibido, salvo excepciones (artículo 9 del RGPD, artículo 6 de la Ley francesa de 6 de enero de 1978 sobre informática y libertades), y los tratamientos en el ámbito sanitario se rigen además por los artículos 65 y 66 de dicha ley: conformidad con un referencial de la CNIL o autorización. Toda persona que aloje, en soporte digital, datos de salud recogidos con ocasión de actividades de prevención, diagnóstico o cuidados por cuenta de terceros debe estar certificada y vincular a su cliente mediante un contrato con cláusulas obligatorias (artículos L. 1111-8 y R. 1111-11 del Código de Salud Pública francés (Code de la santé publique)); el almacenamiento se realiza exclusivamente en la Unión Europea o en el Espacio Económico Europeo (artículo R. 1111-9-1, versión del 26 de septiembre de 2026). La telemedicina, forma de práctica médica a distancia, está regulada por los artículos L. 6316-1 y R. 6316-1. Un software destinado por su fabricante a fines médicos es un producto sanitario sometido al Reglamento (UE) 2017/745 (artículo L. 5211-1). El secreto médico abarca todas las informaciones que hayan llegado a conocimiento del profesional (artículo L. 1110-4), y su violación se castiga con un año de prisión y 15 000 euros de multa (artículo 226-13 del Código Penal francés (Code pénal)). El despacho de abogados Kohen Avocats, en el distrito 16 de París, actúa tanto para la empresa, el profesional o el centro sanitario como para el paciente. Contacto en el +33 6 89 11 34 45.
¿Una aplicación por lanzar, un proveedor de alojamiento por elegir, una fuga de datos de salud por gestionar?
Comprender su situación
La salud digital en París, explicada
El secreto médico abarca todas las informaciones relativas a la persona atendida (artículo L. 1110-4 del Código de Salud Pública francés). Qué son los datos de salud, quién debe estar certificado para alojarlos, cómo ejercer la medicina a distancia, cuándo un software se convierte en producto sanitario y a qué se exponen quienes incumplen estas normas.
Puntos clave
Datos de salud y secreto médico: cuatro reglas básicas
Qué convierte una información en dato de salud y quién puede compartirla.
Es dato relativo a la salud todo dato personal relativo a la salud física o mental de una persona, incluida la prestación de servicios de atención sanitaria, que revele información sobre su estado de salud (artículo 4, punto 15, del RGPD).
Su tratamiento está prohibido por principio, salvo una de las excepciones enumeradas de forma taxativa, como el consentimiento explícito, la asistencia sanitaria o un motivo de interés público (artículo 9 del RGPD; artículo 6 de la Ley de 6 de enero de 1978).
Los tratamientos en el ámbito sanitario se rigen además por los artículos 65 y 66 de la Ley de 6 de enero de 1978: fuera de las excepciones del artículo 65, solo pueden llevarse a cabo atendiendo a su finalidad de interés público, previa declaración de conformidad con un referencial de la CNIL o, en su defecto, tras obtener autorización.
El secreto abarca todas las informaciones relativas a la persona que hayan llegado a conocimiento de los profesionales y se impone a cuantos intervienen en el sistema de salud; solo se admite compartirlas entre profesionales que participan en la atención, en lo estrictamente necesario, y la persona puede oponerse (artículo L. 1110-4 del Código de Salud Pública francés).
El equipo de atención (équipe de soins) tiene un sentido preciso: un conjunto de profesionales que participan directamente, en beneficio de un mismo paciente, en un acto diagnóstico, terapéutico, de compensación de la discapacidad, de alivio del dolor o de prevención de la pérdida de autonomía, o en la coordinación de estos actos. Estos profesionales ejercen en el mismo centro o en la misma estructura de cooperación o de coordinación, o han sido reconocidos como tales por el paciente, o ejercen en un conjunto que incluye al menos un profesional sanitario y está organizado conforme a un pliego de condiciones fijado por orden ministerial (artículo L. 1110-12). Entre los miembros de este equipo, las informaciones necesarias «se presumen confiadas por la persona al conjunto del equipo» (traducción propia); fuera del equipo, compartirlas exige el consentimiento previo del paciente (artículo L. 1110-4, III). Obtener o intentar obtener estas informaciones vulnerando estas normas se castiga con un año de prisión y 15 000 euros de multa (artículo L. 1110-4, V).
El secreto pertenece al paciente. El Tribunal de Casación (Cour de cassation) considera que se trata de «un derecho propio del paciente, establecido con el fin de proteger su vida privada y el secreto de las informaciones que le conciernen» (traducción propia), de modo que un asalariado profesional sanitario no puede invocarlo para impugnar un despido basado en incumplimientos que afectan a la salud de los pacientes (Cass. soc., 15 juin 2022, n° 20-21.090). Tampoco puede el juez civil ordenar un peritaje «que atente contra el secreto médico sin subordinar la ejecución de esa misión a la autorización previa del paciente afectado» (traducción propia), salvo que una norma lo autorice y sin perjuicio de las consecuencias que pueda extraer de una negativa ilegítima (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-12.287).
La seudonimización no excluye los datos del régimen. El Consejo de Estado (Conseil d'État) considera que un dato solo se vuelve anónimo «si el riesgo de identificación es insignificante» (traducción propia), y confirmó multas de 800 000, 200 000 y 800 000 euros a sociedades que explotaban, sin autorización, datos procedentes de software de médicos y farmacias (CE, 10e et 9e ch. réunies, 13 février 2026, n° 498628). Las cuestiones generales de cumplimiento del RGPD, fuera del ámbito sanitario, se tratan en nuestra página de abogado de RGPD.
Alojamiento
Alojamiento de datos de salud: certificación HDS y contrato
Quién debe estar certificado, para qué actividades y qué debe decir el contrato.
Ámbito
Toda persona que aloje datos de salud recogidos con ocasión de actividades de prevención, diagnóstico, cuidados o seguimiento social y médico-social, por cuenta de quienes los producen o por cuenta del paciente, lo hace en las condiciones del artículo L. 1111-8, previa información de la persona y salvo oposición por motivo legítimo.
Certificado
En soporte digital, el proveedor de alojamiento es titular de un certificado de conformidad expedido por un organismo acreditado (artículo L. 1111-8, II), sobre la base de un referencial elaborado por la agrupación de interés público mencionada en el artículo L. 1111-24 y aprobado por orden ministerial (artículo R. 1111-10).
Actividades contempladas
Puesta a disposición de los emplazamientos físicos, de la infraestructura material o virtual, de la plataforma de alojamiento de aplicaciones, administración y explotación del sistema de información, y copia de seguridad de los datos (artículo R. 1111-9). Un tratamiento de captura o de formateo encomendado por un breve período no es alojamiento (artículo R. 1111-8-8).
Deber del cliente
Los responsables del tratamiento que encomiendan el alojamiento a un tercero «se aseguran de que este es titular del certificado de conformidad» (traducción propia) (artículo R. 1111-8-8, II).
Contrato
El contrato de alojamiento menciona, en particular, el alcance y las fechas del certificado, los lugares de alojamiento, la notificación de las violaciones de seguridad, los subcontratistas, la reversibilidad, y la devolución y destrucción de los datos al término del contrato (artículo R. 1111-11, versión del 26 de septiembre de 2026).
Almacenamiento
El almacenamiento se realiza «exclusivamente en el territorio de un Estado miembro de la Unión Europea o parte en el acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo» (traducción propia); una transferencia, incluso mediante acceso remoto, solo es posible sobre la base de una decisión de adecuación o de garantías adecuadas descritas en el contrato (artículo R. 1111-9-1, versión del 26 de septiembre de 2026).
El proveedor de alojamiento queda vinculado por la propia ley: no puede utilizar los datos que se le confían para fines distintos de la ejecución del servicio, los devuelve sin conservar copia cuando termina el alojamiento, y tanto él como su personal están sujetos al secreto profesional bajo las penas del artículo 226-13 del Código Penal francés (artículo L. 1111-8, V, del Código de Salud Pública francés). Queda prohibida toda cesión onerosa de datos de salud que identifiquen a la persona, directa o indirectamente, incluso con su consentimiento (artículo L. 1111-8, VII).
Los tribunales de instancia se toman en serio esta exigencia. El tribunal de actividades económicas de París (tribunal des activités économiques de Paris) juzgó que una sociedad que aloja datos de salud está sometida a «disposiciones de orden público», apreció la falta grave del prestador que «no logra demostrar que su subcontratista disponía de la certificación necesaria prevista en el contrato» y declaró la resolución (Trib. act. éco. Paris, ch. 1-11, 2 juin 2025, n° J2025000327) (traducción propia). Para el tribunal judicial de Lorient (tribunal judiciaire de Lorient), la particularidad de este tipo de contrato radica en los datos tratados: «Un proveedor de alojamiento de datos de salud debe estar certificado por evidentes razones de seguridad»; esa sentencia validó la resolución por culpa del prestador, que no había llevado a cabo la migración en los plazos anunciados (TJ Lorient, 1re ch., 13 mai 2026, n° 24/01966) (traducción propia).
La certificación no lo resuelve todo, pero cuenta ante el juez: para desestimar un recurso contra un almacén de datos alojado por una filial de un grupo estadounidense, el Consejo de Estado señaló que «implica una auditoría periódica por un organismo acreditado» (traducción propia), junto con las seudonimizaciones múltiples y la duración limitada de la autorización (CE, 10e et 9e ch. réunies, 19 novembre 2024, n° 491644). Véase también nuestro artículo sobre la devolución de los datos médicos alojados por el editor de un software, y nuestra página de contratos informáticos para la negociación de contratos SaaS y de gestión externalizada de sistemas informáticos.
A distancia
Telemedicina y telecuidado: una práctica médica regulada
Los actos autorizados, el criterio del profesional y los límites impuestos a las plataformas.
«La telemedicina es una forma de práctica médica a distancia que utiliza las tecnologías de la información y la comunicación» (artículo L. 6316-1 del Código de Salud Pública francés, versión del 27 de junio de 2026) (traducción propia).
Cinco actos forman parte de ella: teleconsulta, teleexperticia, telemonitorización médica, teleasistencia médica y respuesta médica en el marco de la regulación (artículo R. 6316-1).
El telecuidado pone en relación a un paciente con un farmacéutico o un auxiliar sanitario, en las actividades definidas por orden ministerial previo dictamen de la Alta Autoridad de Salud (artículo L. 6316-2).
«La pertinencia del recurso a la telemedicina o al telecuidado la aprecia el profesional médico, el farmacéutico o el auxiliar sanitario» (artículo R. 6316-2) (traducción propia).
Una baja laboral prescrita o renovada por primera vez mediante telemedicina no puede exceder de tres días. «Ninguna renovación posterior de la baja laboral puede prescribirse mediante un acto de telemedicina» (traducción propia), salvo prescripción del médico de cabecera o de la matrona de referencia, o imposibilidad justificada de consultar (artículo L. 6316-1).
Los servicios en línea que proporcionan prescripciones con carácter principal solo pueden hacerlo tras una comunicación oral síncrona, por vídeo o por teléfono, entre el prescriptor y el paciente; un acto de telemedicina realizado por un profesional que ejerce principalmente en el extranjero no puede dar lugar a la prescripción ni a la renovación de una baja laboral, sea cual sea su duración (artículo L. 6316-1).
La distancia no reduce la obligación de cuidados. El médico debe elaborar su diagnóstico con el mayor cuidado, dedicando a ello el tiempo necesario (artículo R. 4127-33), y su responsabilidad queda comprometida en caso de falta (artículo L. 1142-1). El tribunal de apelación de Riom confirmó la responsabilidad de un médico que nunca había examinado a su paciente, «pese a tres teleconsultas por el mismo motivo y, en la última teleconsulta, la aparición de nuevos síntomas abdominales»: las llamadas reiteradas deberían haber llevado al médico, «tratándose de un paciente bien conocido en la consulta, a organizar un examen presencial» (CA Riom, ch. com., 5 novembre 2025, n° 24/01529) (traducción propia).
Para el editor de una plataforma, estas normas configuran el producto: itinerario de derivación a la atención presencial, comunicación síncrona antes de cualquier prescripción, trazabilidad de los intercambios, alojamiento certificado. Véanse nuestros artículos sobre la negligencia médica en una cabina de teleconsulta y sobre la baja laboral prescrita por un médico en el extranjero a través de un servicio en línea.
Productos digitales
Software, aplicaciones y productos sanitarios
Cuándo un software se convierte en producto sanitario y qué consecuencias se derivan.
Definición
Es producto sanitario todo instrumento, aparato, software u otro artículo destinado por el fabricante a ser utilizado en personas con fines médicos, como el diagnóstico, la prevención, el seguimiento, la predicción, el pronóstico o el tratamiento de una enfermedad (artículo L. 5211-1 del Código de Salud Pública francés; artículo 2 del Reglamento (UE) 2017/745).
Línea divisoria
El software destinado específicamente a un fin médico es en sí mismo un producto sanitario, mientras que el software de uso general, aunque se utilice en un entorno asistencial, y «el software destinado a usos relacionados con el estilo de vida o el bienestar no constituyen productos sanitarios» (considerando 19 del Reglamento (UE) 2017/745) (traducción propia).
Clase
El software que proporciona información utilizada para tomar decisiones diagnósticas o terapéuticas pertenece a la clase IIa, IIb o III según la gravedad de las consecuencias posibles; el que controla procesos fisiológicos pertenece a la clase IIa o IIb. «Todos los demás programas informáticos pertenecen a la clase I» (anexo VIII, regla 11, del Reglamento (UE) 2017/745) (traducción propia).
Comercialización
La comercialización, la puesta en servicio y la puesta a disposición de los productos sanitarios cumplen el Reglamento (UE) 2017/745 y el Código de Salud Pública francés (artículo L. 5211-1, I): evaluación de la conformidad, marcado CE, vigilancia poscomercialización.
Publicidad
Toda información que tenga por objeto promover la prescripción, la venta o la utilización de un producto es publicidad (artículo L. 5213-1); para los productos que presentan un riesgo importante, cuya lista fija una orden ministerial, está sometida a la autorización previa de la ANSM (agencia francesa de seguridad de los medicamentos y productos sanitarios), válida durante cinco años (artículo L. 5213-4).
Interoperabilidad
Los servicios digitales de salud utilizados por los profesionales y los centros deben ajustarse a los referenciales de interoperabilidad, seguridad y ética elaborados por la agrupación de interés público mencionada en el artículo L. 1111-24 y aprobados por orden ministerial (artículo L. 1470-5).
La calificación se determina función por función. En el asunto de los programas de ayuda a la prescripción, el Consejo de Estado recogió la interpretación del Tribunal de Justicia según la cual «un programa informático cuya función permite explotar datos propios de un paciente, en particular para detectar contraindicaciones, interacciones medicamentosas y posologías excesivas, constituye, en lo que respecta a dicha función, un producto sanitario» (traducción propia), y extrajo de ello una consecuencia favorable a los editores: una vez obtenido el marcado CE, esas funciones pueden «circular libremente en la Unión Europea sin tener que someterse a ningún otro procedimiento adicional» (traducción propia), en particular una certificación nacional (CE, 1re ch., 12 juillet 2018, n° 387156). Esta decisión se dictó bajo la Directiva 93/42/CEE, que el Reglamento (UE) 2017/745 ha sustituido; la lógica funcional se mantiene.
El fabricante no elige por sí solo la calificación. Para aparatos con finalidad estética, el tribunal de apelación de Douai juzgó que, «desde el momento en que un equipo entra en la definición legal de producto sanitario, debe contar con una certificación y con el marcado “CE médico” para ser comercializado», «con independencia de la voluntad del fabricante de no reivindicar el carácter de producto sanitario» (CA Douai, ch. 8 sect. 1, 5 mars 2026, n° 24/03167) (traducción propia). Esta sentencia aplica el artículo L. 5211-1 en su versión anterior al reglamento. Con el reglamento, la finalidad prevista por el fabricante sigue siendo el núcleo de la definición, pero se deduce de las indicaciones que este facilita en la etiqueta, en las instrucciones de uso y en los documentos publicitarios o de venta (artículo 2, punto 12, del Reglamento (UE) 2017/745).
El software que incorpora inteligencia artificial añade sus propias obligaciones: véase nuestra página de abogado de inteligencia artificial. Sobre la responsabilidad del productor de un producto defectuoso, véase nuestro artículo sobre el producto sanitario defectuoso y, para el medicamento, nuestra página de derecho farmacéutico.
Las dos partes
Usted trata datos de salud, o los datos son suyos
Las mismas reglas se leen de forma distinta según la posición que usted ocupe.
Editor, centro sanitario o profesional
- Calificar el tratamiento, elegir la base jurídica y comprobar si se rige por un referencial de la CNIL o requiere autorización.
- Elegir un proveedor de alojamiento certificado, auditar el contrato y sus subcontratistas, documentar la seguridad y la evaluación de impacto.
- Preparar la respuesta a una inspección, a un requerimiento formal (mise en demeure) o a un procedimiento sancionador de la CNIL.
Paciente o cliente del prestador
- Hacer constar la fuga o el acceso indebido, acudir a la CNIL, presentar una denuncia por violación del secreto.
- Oponerse a la aportación de su historial médico, o a una misión pericial no autorizada.
- Resolver el contrato de un prestador incumplidor y obtener la devolución de los datos.
Las exigencias elementales de seguridad no admiten discusión. En el caso de un médico que había dejado más de cinco mil imágenes médicas de libre acceso por falta de cifrado y de limitación de los flujos de red, el Consejo de Estado confirmó que, «habida cuenta de la especial sensibilidad de estos datos de naturaleza médica, se había incurrido en un incumplimiento de las exigencias elementales de seguridad informática que incumben a todo responsable del tratamiento» (traducción propia), si bien redujo la multa de 3 000 a 2 500 euros por no haberse incumplido la obligación de notificación (CE, 10e et 9e ch. réunies, 22 juillet 2022, n° 449694). Las multas aplicables por infringir los principios del tratamiento, entre ellos el artículo 9, pueden llegar a 20 millones de euros o al 4 % del volumen de negocio anual mundial (artículo 83 del RGPD).
El secreto solo protege al paciente: la Sala de lo Penal (chambre criminelle) del Tribunal de Casación considera que «siendo el secreto médico un derecho propio del paciente, su médico no está legitimado para personarse como parte civil por violación del secreto profesional en interés de este» (Cass. crim., 13 octobre 2020, n° 19-87.341) (traducción propia). A más largo plazo, el espacio europeo de datos sanitarios cambiará el marco: el Reglamento (UE) 2025/327 «será aplicable a partir del 26 de marzo de 2027», con plazos escalonados hasta 2031 para las historias clínicas electrónicas (artículo 105 del Reglamento (UE) 2025/327); todavía no es aplicable.
Los puntos que el despacho examina en cada expediente:
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Catorce respuestas detalladas, basadas en los textos vigentes y en resoluciones verificadas.
¿Qué hace un abogado de salud digital?
Hace que un proyecto digital se ajuste a las normas propias de la salud, que se suman al derecho común de lo digital. Tres cuestiones estructuran su intervención. Primero, los datos: un dato relativo a la salud es un dato sensible cuyo tratamiento está prohibido salvo excepción (artículo 9 del RGPD), y los tratamientos en el ámbito sanitario se rigen además por los artículos 65 y 66 de la Ley de 6 de enero de 1978. Segundo, el alojamiento: el proveedor que aloja datos de salud recogidos con ocasión de la atención sanitaria debe estar certificado, y su contrato contiene cláusulas obligatorias (artículo L. 1111-8 del Código de Salud Pública francés; artículo R. 1111-11). Tercero, el producto: un software destinado a fines médicos es un producto sanitario (artículo L. 5211-1), y un servicio de consulta a distancia se enmarca en la telemedicina (artículo L. 6316-1).
El despacho interviene en asesoramiento, para mapear los tratamientos, redactar las menciones informativas, negociar el contrato de alojamiento o de licencia, calificar un software y preparar un expediente de cumplimiento, y en contencioso, ante la CNIL, el Consejo de Estado, el tribunal judicial, el tribunal de actividades económicas o la jurisdicción disciplinaria colegial.
También interviene en el otro lado: el paciente cuyos datos se han filtrado, el cliente de un proveedor de alojamiento incumplidor, el profesional sanitario cuestionado. Estos litigios se deciden sobre los documentos: en un asunto resuelto por el tribunal de actividades económicas de París, el prestador que no acreditó la certificación de su subcontratista vio resuelto el contrato por falta grave (Trib. act. éco. Paris, ch. 1-11, 2 juin 2025, n° J2025000327).
¿Qué es un dato de salud en el sentido del RGPD?
Son los datos personales «relativos a la salud física o mental de una persona física, incluida la prestación de servicios de atención sanitaria, que revelen información sobre su estado de salud» (artículo 4, punto 15, del RGPD). La definición va más allá del historial médico: una prescripción, una cita con un especialista, la compra de un medicamento, una baja laboral o una vacunación revelan un estado de salud.
El Consejo de Estado lo ilustró en el asunto de las bases de datos alimentadas por software de médicos y farmacias: historial médico, prescripciones, bajas laborales y vacunaciones, medicamentos adquiridos y prescriptor. «Tales datos de salud son datos sensibles especialmente protegidos por el artículo 9 del RGPD» (CE, 10e et 9e ch. réunies, 13 février 2026, n° 498628) (traducción propia). La misma decisión descarta el argumento basado en la seudonimización: un dato solo es anónimo «si el riesgo de identificación es insignificante», y la CNIL había acreditado «que era posible levantar el seudónimo de las personas afectadas por medios razonables», en particular a partir de las fechas de visita y de los identificadores de los prescriptores (traducción propia).
La calificación determina todo lo demás: prohibición de principio y excepciones del artículo 9, evaluación de impacto para los tratamientos a gran escala de estos datos (artículo 35 del RGPD), formalidades de los artículos 65 y 66 de la Ley de 6 de enero de 1978, alojamiento certificado cuando los datos se recogen con ocasión de actividades de prevención, diagnóstico o cuidados. El despacho comienza cada encargo con este inventario.
¿Hace falta una autorización de la CNIL para tratar datos de salud?
No siempre. El artículo 65 de la Ley de 6 de enero de 1978 (versión del 27 de junio de 2026) excluye del régimen especial varias categorías de tratamientos, en particular los comprendidos en el apartado 1.º del artículo 44 de dicha ley y en las letras a y c a f del apartado 2 del artículo 9 del RGPD, los estudios realizados por el personal que efectúa el seguimiento de los pacientes para su uso exclusivo, o los tratamientos de los regímenes básicos del seguro de enfermedad para el ejercicio de sus funciones.
Para los demás, el artículo 66 fija la regla: estos tratamientos «solo pueden llevarse a cabo en atención a la finalidad de interés público que presentan» (traducción propia). En su versión del 28 de mayo de 2026, vigente a 31 de octubre de 2026, el responsable comprueba si su tratamiento es conforme con un referencial adoptado por la CNIL y le dirige entonces una declaración de conformidad; en su defecto, debe obtener una autorización, sobre la que la CNIL se pronuncia en dos meses, prorrogables una vez. Légifrance señala una modificación de este artículo programada para el 26 de noviembre de 2027: el régimen deberá volver a comprobarse en esa fecha.
No cumplir las formalidades sale caro. El Consejo de Estado confirmó multas de 800 000, 200 000 y 800 000 euros a sociedades que habían recogido datos de salud sin el consentimiento de las personas y sin la autorización exigida, residiendo la gravedad en la naturaleza de datos de salud y en el número de personas afectadas (CE, 10e et 9e ch. réunies, 13 février 2026, n° 498628). El despacho califica el tratamiento, identifica el referencial aplicable y prepara, si es preciso, el expediente de autorización. Véase nuestro artículo sobre el secreto médico digital y la CNIL.
¿Qué es la certificación HDS y quién debe obtenerla?
Es el certificado de conformidad que debe poseer toda persona que aloje, en soporte digital, datos de salud recogidos con ocasión de actividades de prevención, diagnóstico, cuidados o seguimiento social y médico-social, por cuenta de quienes los producen o los recogen, o por cuenta del propio paciente (artículo L. 1111-8, I y II, del Código de Salud Pública francés). Lo expide un organismo de certificación acreditado, sobre la base de un referencial elaborado por la agrupación de interés público mencionada en el artículo L. 1111-24 y aprobado por orden ministerial (artículo R. 1111-10).
La actividad cubierta es amplia. Constituye alojamiento todo o parte de las actividades siguientes: puesta a disposición y mantenimiento en condiciones operativas de los emplazamientos físicos, de la infraestructura material, de la infraestructura virtual o de la plataforma de alojamiento de aplicaciones; administración y explotación del sistema de información que contiene los datos; copia de seguridad, incluido el archivo electrónico (artículo R. 1111-9). Por tanto, un editor de software en modalidad SaaS, un proveedor de gestión externalizada de sistemas informáticos o un proveedor de copias de seguridad pueden verse afectados, aunque no posean ningún centro de datos. No constituye alojamiento recibir datos durante un breve período para capturarlos, formatearlos o desmaterializarlos (artículo R. 1111-8-8).
El cliente no es un mero espectador: el responsable del tratamiento que encomienda el alojamiento a un tercero se asegura de que este está certificado (artículo R. 1111-8-8, II). El despacho ayuda al editor a determinar si debe certificarse él mismo o apoyarse en un proveedor de alojamiento certificado, y redacta las cláusulas que trasladan estas obligaciones.
¿Cómo comprobar que un proveedor de alojamiento está certificado HDS y qué debe contener el contrato?
Mediante el propio certificado, su alcance y sus fechas, y mediante la lista de proveedores de alojamiento certificados que publica la Agencia de lo Digital en Salud (Agence du numérique en santé). Además, el contrato debe indicarlo: su primera cláusula obligatoria es la siguiente: «La indicación del alcance del certificado de conformidad obtenido por el proveedor de alojamiento, así como sus fechas de expedición y de renovación» (artículo R. 1111-11 del Código de Salud Pública francés) (traducción propia).
El mismo artículo, en su versión del 26 de septiembre de 2026, impone una quincena de menciones: descripción de las prestaciones y de los resultados esperados en disponibilidad, integridad, confidencialidad y auditabilidad, lugares de alojamiento, modalidades de ejercicio de los derechos de las personas y de notificación de las violaciones de seguridad, persona de contacto para los incidentes, indicadores de calidad y penalizaciones, recurso a prestadores externos, control de los accesos y de las transferencias, garantías en caso de incumplimiento, reversibilidad, devolución y posterior destrucción de los datos al término de la prestación. Cuando el cliente recurre a un prestador que a su vez utiliza un proveedor de alojamiento certificado, su contrato recoge estas cláusulas (artículo R. 1111-11, II).
La comprobación no es una mera formalidad, y no basta. En un asunto resuelto por el tribunal judicial de Lorient, el cliente se negaba a la recuperación de sus datos sin prueba de la certificación; el prestador presentó su certificado, pero el tribunal validó la resolución por su exclusiva culpa debido al retraso de la migración, la falta de calendario y operaciones realizadas sin autorización, al considerar que «el cumplimiento de las promesas y la confianza total en el prestador elegido son indispensables en este tipo de operación sensible relativa a la migración y al almacenamiento de datos protegidos» (TJ Lorient, 1re ch., 13 mai 2026, n° 24/01966) (traducción propia). El despacho revisa el certificado, compara su alcance con las prestaciones vendidas y audita el contrato cláusula por cláusula.
¿Se pueden alojar datos de salud con un prestador estadounidense?
Sí, con condiciones que atañen al lugar de almacenamiento y a las transferencias, no a la nacionalidad del proveedor de alojamiento. Sea cual sea su país de origen, el proveedor debe estar certificado y, según el artículo R. 1111-9-1, en su versión del 26 de septiembre de 2026, cuando el alojamiento da lugar a un almacenamiento, este se realiza «exclusivamente en el territorio de un Estado miembro de la Unión Europea o parte en el acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo» (artículo R. 1111-9-1 del Código de Salud Pública francés) (traducción propia). El mismo artículo regula a continuación las transferencias a un tercer país, incluso mediante acceso remoto, por parte del proveedor o de alguno de sus subcontratistas: siguen siendo posibles mediante decisión de adecuación de la Comisión o, en su defecto, con garantías adecuadas y derechos exigibles para las personas, que el contrato debe describir entonces con precisión.
El contrato debe además ser veraz sobre la exposición al derecho extranjero: si el proveedor de alojamiento o un subcontratista está sometido a la legislación de un tercer país, enumera las normativas que pueden obligarle a transferir datos o a dar acceso a ellos, la decisión de adecuación aplicable o, en su defecto, las medidas adoptadas y los riesgos residuales (artículo R. 1111-11, 15.º). El proveedor publica asimismo la cartografía de estas transferencias y accesos remotos (artículo R. 1111-11, III).
El Consejo de Estado admite, bajo condiciones, el alojamiento por la filial europea de un grupo estadounidense. Desestimó el recurso contra el almacén de datos EMC2 alojado por una filial irlandesa de Microsoft, aunque reconoció que no podía «excluirse totalmente que los datos del tratamiento autorizado, de especial sensibilidad por su naturaleza de datos de salud pero también por el potencial científico y económico de su explotación, sean objeto de solicitudes de acceso por parte de las autoridades de los Estados Unidos»: prevalecieron las seudonimizaciones múltiples, la certificación HDS y la duración limitada de la autorización (CE, 10e et 9e ch. réunies, 19 novembre 2024, n° 491644) (traducción propia). Véase nuestro artículo sobre la impugnación de la autorización EMC2.
Nuestro prestador no está certificado HDS: ¿qué hacer?
Primero, documentar. Solicite por escrito el certificado, su alcance y sus fechas, y los de los subcontratistas que intervienen sobre sus datos: el contrato debe indicarlos (artículo R. 1111-11 del Código de Salud Pública francés). En el asunto resuelto en París, la auditoría encargada por el cliente había constatado la imposibilidad de acreditar la certificación del subcontratista; el tribunal comprobó después que la adquisición de dicho subcontratista le había hecho perder su homologación. Como responsable del tratamiento, usted debe asegurarse de que el proveedor de alojamiento es titular del certificado (artículo R. 1111-8-8, II): permanecer inactivo compromete también su propia responsabilidad.
A continuación, calificar el incumplimiento. El tribunal de actividades económicas de París juzgó que un cliente que aloja datos de salud está sometido a obligaciones «de orden público», que sus datos deben confiarse a un proveedor de alojamiento certificado, y apreció la falta grave del prestador que «no logra demostrar que su subcontratista disponía de la certificación necesaria prevista en el contrato»; el contrato fue resuelto y el contrato de arrendamiento, considerado interdependiente, se declaró caducado (caduc) (Trib. act. éco. Paris, ch. 1-11, 2 juin 2025, n° J2025000327) (traducción propia). La misma sentencia muestra el límite: un primer contrato de arrendamiento celebrado con el mismo arrendador no corrió esa suerte, porque el cliente no probó que el arrendador hubiera consentido una operación de conjunto. El cliente fue por tanto condenado a pagar las rentas impagadas y las rentas pendientes de vencer, incrementadas con una penalización. Antes de resolver, hay que acreditar por tanto la interdependencia de cada contrato de arrendamiento o de financiación vinculado a la prestación.
Por último, organizar la salida. El proveedor de alojamiento debe devolver los datos sin conservar copia (artículo L. 1111-8, V), y el contrato prevé la reversibilidad, la devolución y la destrucción previo acuerdo del cliente (artículo R. 1111-11, 12.º a 14.º). El despacho dirige el requerimiento formal, organiza la migración a un proveedor de alojamiento certificado y, si es necesario, ejercita la acción de resolución y de indemnización.
¿Es una aplicación de salud un producto sanitario?
Lo es si su fabricante la destina a un fin médico: diagnóstico, prevención, seguimiento, predicción, pronóstico, tratamiento o alivio de una enfermedad, o compensación de una discapacidad (artículo L. 5211-1, II, del Código de Salud Pública francés; artículo 2 del Reglamento (UE) 2017/745). No lo es si sirve para un uso general o de bienestar: «el software destinado a usos relacionados con el estilo de vida o el bienestar no constituye producto sanitario», y la calificación no depende del lugar donde se ejecute el software (considerando 19 del Reglamento) (traducción propia).
El análisis se hace función por función. El Consejo de Estado, recogiendo la interpretación del Tribunal de Justicia, juzgó que un software que explota datos propios de un paciente para detectar contraindicaciones, interacciones medicamentosas y posologías excesivas constituye, «en lo que respecta a dicha función, un producto sanitario» (CE, 1re ch., 12 juillet 2018, n° 387156) (traducción propia). Una aplicación que se limita a registrar pasos u horas de sueño, sin finalidad médica declarada, se inscribe en principio en el bienestar; la que explota los datos de un paciente para calcular una dosis o detectar una contraindicación se acerca al caso juzgado.
El discurso comercial cuenta. Para aparatos con finalidad estética, el tribunal de apelación de Douai descartó el argumento del vendedor según el cual el fabricante no había reivindicado la condición de producto sanitario: «con independencia de la voluntad del fabricante de no reivindicar el carácter de producto sanitario», el contrato de venta del equipo no certificado no se sostuvo (CA Douai, ch. 8 sect. 1, 5 mars 2026, n° 24/03167) (traducción propia). La sentencia aplica el artículo L. 5211-1 en su versión anterior al Reglamento (UE) 2017/745, bajo el cual la finalidad se deduce de las indicaciones del fabricante en la etiqueta, en las instrucciones y en los documentos publicitarios o de venta. El despacho revisa las instrucciones, el sitio web, la ficha de la App Store y los materiales de venta antes de concluir, y después acompaña el proceso de conformidad o la reformulación del producto.
¿Qué clase corresponde a un software médico y qué consecuencias tiene?
La clase se determina mediante la regla 11 del anexo VIII del Reglamento (UE) 2017/745. El software destinado a proporcionar información utilizada para tomar decisiones diagnósticas o terapéuticas pertenece a la clase IIa; a la clase IIb si esas decisiones pueden causar un deterioro grave del estado de salud o una intervención quirúrgica; y a la clase III si pueden causar la muerte o un deterioro irreversible. El software que controla procesos fisiológicos pertenece a la clase IIa, o IIb para parámetros vitales cuya variación pueda representar un peligro inmediato. «Todos los demás programas informáticos pertenecen a la clase I» (anexo VIII, regla 11) (traducción propia).
La clase determina el procedimiento. En la clase I, el fabricante atestigua por sí mismo la conformidad mediante la declaración UE de conformidad, tras elaborar la documentación técnica; a partir de la clase IIa, la evaluación de la conformidad requiere la intervención de un organismo notificado, según los procedimientos que el mismo artículo prevé para cada clase, en particular el anexo IX, pudiendo el fabricante elegir otra vía que el texto permite (artículo 52 del Reglamento (UE) 2017/745). La comercialización de un producto sanitario cumple el reglamento y el Código de Salud Pública francés (artículo L. 5211-1, I, del Código de Salud Pública francés). Una vez obtenido el marcado CE, el software circula en la Unión: el Consejo de Estado anuló la obligación de una certificación nacional adicional para las funciones calificadas de producto sanitario, pudiendo comercializarse estos programas «sin tener que someterse a ningún otro procedimiento adicional, como una nueva certificación» (CE, 1re ch., 12 juillet 2018, n° 387156) (traducción propia). Esta decisión se dictó bajo la Directiva 93/42/CEE, sustituida desde entonces por el Reglamento (UE) 2017/745.
Se añaden otras exigencias al marcado: conformidad con los referenciales de interoperabilidad y de seguridad aprobados por orden ministerial para los servicios digitales utilizados por los profesionales (artículo L. 1470-5), alojamiento certificado de los datos, normas de publicidad (artículo L. 5213-1). El despacho ayuda a definir la finalidad prevista del producto, que determina la clase, y a alinear el discurso comercial con esa finalidad.
¿Qué normas se aplican a una plataforma de teleconsulta?
La teleconsulta es un acto de telemedicina que permite a un profesional médico dar una consulta a distancia (artículo R. 6316-1 del Código de Salud Pública francés). Es el profesional, no la plataforma, quien juzga si la distancia es adecuada: la pertinencia del recurso a la telemedicina la aprecia el profesional médico (artículo R. 6316-2).
El artículo L. 6316-1, en su versión del 27 de junio de 2026, regula las prescripciones. Una baja laboral prescrita o renovada por primera vez a distancia no puede referirse a más de tres días, ni prolongar más allá de tres días una baja en curso, y no puede prescribirse por telemedicina ninguna renovación posterior, salvo prescripción del médico de cabecera o de la matrona de referencia, o imposibilidad justificada de consultar. Los servicios en línea que proporcionan con carácter principal prescripciones de bajas laborales, de productos sanitarios o de actos solo pueden hacerlo tras una comunicación oral síncrona, por vídeo o por teléfono, entre el prescriptor y el paciente. Un acto de telemedicina realizado por un profesional que ejerce principalmente en el extranjero no puede dar lugar a la prescripción ni a la renovación de una baja laboral, sea cual sea su duración.
La responsabilidad sigue siendo la del derecho común médico (artículo L. 1142-1). El tribunal de apelación de Riom apreció la falta de un médico que nunca había examinado a su paciente «pese a tres teleconsultas por el mismo motivo» y a la aparición de nuevos síntomas (CA Riom, ch. com., 5 novembre 2025, n° 24/01529) (traducción propia). El despacho redacta las condiciones de uso, los itinerarios y los contratos entre la plataforma y los profesionales, y defiende a pacientes o profesionales en caso de daño.
¿Puede un médico comunicar y promocionarse en línea?
Puede comunicar, dentro de un marco deontológico. «La medicina no debe practicarse como un comercio» (artículo R. 4127-19 del Código de Salud Pública francés) (traducción propia). Desde el decreto de 22 de diciembre de 2020, el médico es libre de comunicar al público, por cualquier medio, incluido un sitio web, informaciones sobre sus competencias, su trayectoria y sus condiciones de ejercicio; esta comunicación es leal y honesta, «no recurre a testimonios de terceros» (traducción propia), no se basa en comparaciones y no incita a un recurso innecesario a la atención sanitaria (artículo R. 4127-19-1). Cuando informa al público, solo hace constar datos confirmados y actúa con prudencia (artículo R. 4127-13).
El Consejo de Estado validó estas exigencias frente a médicos que las consideraban demasiado restrictivas: «están justificadas por el interés general que supone la buena información del público sobre cuestiones de salud, que contribuye a la protección de la salud pública» (CE, 4e et 1re ch. réunies, 28 septembre 2022, n° 448293) (traducción propia). Las opiniones de pacientes en las plataformas de reserva de citas plantean la cuestión inversa, la de la respuesta del profesional sin violar el secreto: véase nuestro artículo sobre la opinión difamatoria publicada en una plataforma de reserva de citas.
La promoción de un producto obedece a otras reglas. La publicidad de un producto sanitario abarca toda información que busque promover su prescripción, su venta o su utilización (artículo L. 5213-1), y la de los productos que presentan un riesgo importante, cuya lista fija una orden ministerial, está sometida a autorización previa de la ANSM (artículo L. 5213-4). El despacho revisa sitios web, publicaciones y campañas antes de su difusión.
Fuga de datos de salud: ¿qué obligaciones y qué recursos?
Para el responsable del tratamiento, tres obligaciones. Notificar la violación de la seguridad a la CNIL sin dilación indebida y, de ser posible, a más tardar 72 horas después de haber tenido constancia de ella, salvo que sea improbable que constituya un riesgo para las personas (artículo 33 del RGPD); informar a los interesados cuando la violación pueda entrañar un alto riesgo para sus derechos y libertades (artículo 34 del RGPD); corregir la vulnerabilidad. El encargado del tratamiento, y en particular el proveedor de alojamiento, debe notificarle sin dilación indebida cualquier violación. La seguridad debe ser adecuada al riesgo (artículo 32 del RGPD), y el riesgo es mayor tratándose de datos de salud.
El Consejo de Estado se lo recordó a un médico cuyas más de cinco mil imágenes médicas eran accesibles en línea: se había incurrido en el incumplimiento de las exigencias elementales de seguridad, y la multa solo se redujo de 3 000 a 2 500 euros porque la propia CNIL le había señalado la vulnerabilidad (CE, 10e et 9e ch. réunies, 22 juillet 2022, n° 449694). Para una empresa, las multas pueden alcanzar los 20 millones de euros o el 4 % del volumen de negocio anual mundial por infringir los principios del tratamiento (artículo 83 del RGPD).
Para el paciente, varias vías: reclamación ante la CNIL, solicitud de información sobre la violación, denuncia penal cuando la información ha sido revelada por una persona sujeta al secreto, incluidos el proveedor de alojamiento y su personal (artículo 226-13 del Código Penal francés; artículo L. 1111-8, V, del Código de Salud Pública francés), acción de reparación. El despacho asiste a la entidad víctima de un incidente en su notificación y en su defensa, y al paciente en sus gestiones. Véanse nuestros artículos sobre el historial médico pirateado y sobre la sanción de 500 000 euros impuesta a un hospital privado, y nuestra página de abogado de ciberseguridad.
¿Puede invocarse el secreto médico en un proceso?
Sí, y es amplio. El secreto abarca «todo lo que ha llegado a conocimiento del médico en el ejercicio de su profesión, es decir, no solo lo que se le ha confiado, sino también lo que ha visto, oído o comprendido» (artículo R. 4127-4 del Código de Salud Pública francés) (traducción propia). El Tribunal de Casación deduce de ello que el juez civil no puede, sin norma que lo autorice, encomendar a un perito una misión que atente contra el secreto médico sin subordinar su ejecución a la autorización previa del paciente, sin perjuicio de extraer las consecuencias de una negativa ilegítima; casó la sentencia que imponía la comunicación de un informe pericial extrajudicial al que se oponía la víctima (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-12.287).
El secreto no es absoluto frente al derecho a la prueba. Según el Tribunal de Casación, «la aportación a juicio de documentos amparados por el secreto médico solo puede justificarse cuando es indispensable para el ejercicio del derecho de defensa y proporcionada al fin perseguido» (traducción propia); el Tribunal admitió así que la caja de seguro de enfermedad aportara cuadros nominativos de pacientes en apoyo de su reclamación de reintegro de un pago indebido contra una profesional sanitaria (Cass. 2e civ., 30 janvier 2025, n° 22-15.702). La solución resultó desfavorable al profesional que pretendía excluir esos documentos.
El secreto protege al paciente, no al profesional. El médico no puede constituirse en parte civil por la violación del secreto de su paciente, y la sociedad en la que ejerce solo sufre un perjuicio indirecto (Cass. crim., 13 octobre 2020, n° 19-87.341); el trabajador asalariado sanitario no puede invocarlo para impugnar su despido (Cass. soc., 15 juin 2022, n° 20-21.090). Véase nuestro artículo sobre el secreto médico frente a las diligencias de prueba del artículo 145.
¿Qué honorarios tiene un abogado de salud digital?
Los honorarios son objeto de un convenio escrito, de conformidad con el artículo 10 de la ley de 31 de diciembre de 1971: antes de comprometerse, usted sabe qué cubre el encargo y cuánto cuesta. El mismo artículo prevé que los honorarios tienen en cuenta, según los usos, la dificultad del asunto, los gastos en que se ha incurrido y las diligencias realizadas.
El despacho prefiere la tarifa fija por etapas: mapeo de los tratamientos y menciones informativas, evaluación de impacto, expediente de declaración o de autorización ante la CNIL, auditoría o negociación de un contrato de alojamiento, calificación de un software a la luz del reglamento sobre productos sanitarios, condiciones de uso de una plataforma de teleconsulta, notificación de una violación, respuesta a un procedimiento sancionador, recurso ante el Consejo de Estado, acción de resolución contra un prestador, denuncia o acción de reparación. Los costes de los organismos de certificación o de evaluación de la conformidad se suman a los honorarios. Todo encargo nuevo da lugar a una adenda, sin facturación imprevista.
Para una primera opinión sobre documentos, el estudio previo del expediente por 80 € IVA incluido, a través del formulario de esta página, da lugar a un análisis escrito en un plazo de 24 horas hábiles. Primer contacto en el +33 6 89 11 34 45.
Referencias
Textos oficiales y páginas relacionadas
Las fuentes de esta página, verificadas el 1 de noviembre de 2026, y las áreas de práctica afines del despacho.
Textos oficiales
- Artículos L. 1110-4 y L. 1110-12 del Código de Salud Pública francés: secreto médico, intercambio y compartición, equipo de atención
- Artículos L. 1111-8, R. 1111-8-8, R. 1111-9, R. 1111-9-1, R. 1111-10 y R. 1111-11: alojamiento de datos de salud, certificación, almacenamiento en la Unión, contrato
- Decreto n° 2026-209 de 24 de marzo de 2026: alojamiento de datos de salud, ubicación del almacenamiento en la Unión o en el Espacio Económico Europeo y nuevas cláusulas del contrato (artículos R. 1111-9-1 y R. 1111-11 en su versión del 26 de septiembre de 2026)
- Artículos L. 6316-1, L. 6316-2, R. 6316-1 y R. 6316-2: telemedicina, telecuidado, actos, pertinencia, bajas laborales
- Artículos L. 5211-1, L. 5213-1 y L. 5213-4: productos sanitarios, publicidad, autorización de la ANSM
- Artículo L. 1470-5: referenciales de interoperabilidad y de seguridad de los servicios digitales de salud
- Artículos L. 1142-1 y R. 4127-33: responsabilidad por culpa, elaboración del diagnóstico
- Artículos R. 4127-4, R. 4127-13, R. 4127-19 y R. 4127-19-1: secreto, información al público, comunicación de los médicos
- Artículo 226-13 del Código Penal francés: violación del secreto profesional
- Artículos 6, 65 y 66 de la Ley n° 78-17 de 6 de enero de 1978: datos sensibles, tratamientos en el ámbito de la salud (artículo 66 en su versión del 28 de mayo de 2026)
- Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD): definición de los datos de salud (artículo 4), datos sensibles (artículo 9), encargado del tratamiento (artículo 28), seguridad y violaciones (artículos 32 y 33), evaluación de impacto (artículo 35), multas (artículo 83)
- Reglamento (UE) 2017/745 sobre los productos sanitarios: definición (artículo 2), software (considerando 19), clasificación del software (anexo VIII, regla 11)
- Reglamento (UE) 2025/327 relativo al espacio europeo de datos sanitarios: entrada en aplicación (artículo 105)
- Artículo 10 de la ley n° 71-1130 de 31 de diciembre de 1971: convenio de honorarios
Resoluciones citadas
- Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-12.287: peritaje y autorización previa del paciente
- Cass. 2e civ., 30 janvier 2025, n° 22-15.702: aportación de documentos amparados por el secreto médico
- Cass. soc., 15 juin 2022, n° 20-21.090: secreto médico, derecho propio del paciente
- Cass. crim., 13 octobre 2020, n° 19-87.341: violación del secreto y constitución en parte civil del médico
- CA Riom, ch. com., 5 novembre 2025, n° 24/01529: culpa del médico en teleconsulta
- CA Douai, ch. 8 sect. 1, 5 mars 2026, n° 24/03167: calificación de producto sanitario y marcado CE
- Trib. act. éco. Paris, ch. 1-11, 2 juin 2025, n° J2025000327: prestador sin certificación HDS, resolución
- TJ Lorient, 1re ch., 13 mai 2026, n° 24/01966: migración de datos de salud, resolución por culpa del prestador
- CE, 1re ch., 12 juillet 2018, n° 387156: software de ayuda a la prescripción calificado de producto sanitario
- CE, 10e et 9e ch. réunies, 19 novembre 2024, n° 491644: almacén de datos de salud alojado por una filial de un grupo estadounidense
- CE, 10e et 9e ch. réunies, 13 février 2026, n° 498628: seudonimización, autorización de la CNIL, multas
- CE, 10e et 9e ch. réunies, 22 juillet 2022, n° 449694: seguridad de las imágenes médicas de una consulta
- CE, 4e et 1re ch. réunies, 28 septembre 2022, n° 448293: comunicación profesional de los médicos
Para profundizar
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El despacho está disponible 24 horas, 7 días a la semana. Transmita la descripción del producto o del tratamiento, el contrato de alojamiento, el certificado del prestador, la carta de la CNIL o los elementos del incidente: el abogado Hassan Kohen examina la calificación de los datos y del producto, las formalidades y los plazos, y le indica después la vía adecuada, ya sea adecuación normativa, expediente ante la CNIL, renegociación o resolución del contrato, notificación, recurso ante el Consejo de Estado, denuncia o acción de reparación.