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Kohen Avocats, abogados de expropiación en París
Expropiación en Francia: abogado en París para impugnar y negociar
Declaración de utilidad pública (déclaration d'utilité publique) y orden de transmisibilidad (arrêté de cessibilité), oferta del expropiante, escritos y visita al lugar ante el juez de expropiación (juge de l'expropriation), indemnización principal e indemnizaciones accesorias, recurso de apelación, arrendatarios y comerciantes desalojados, expropiación total, derecho de requerir la compra (délaissement) y retrocesión: el despacho asiste a los propietarios, ocupantes y empresas expropiados, así como a las entidades públicas y promotores que llevan a cabo la operación.
Despacho localizable 24 horas, 7 días a la semana. La oferta del expropiante requiere una respuesta escrita en el plazo de un mes desde su notificación (artículo R. 311-5 del Código de Expropiación francés, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique); la declaración de utilidad pública y la orden de transmisibilidad se impugnan ante el juez administrativo en los dos meses siguientes a su publicación o notificación (artículo R. 421-1 del Código de Justicia Administrativa francés, Code de justice administrative).
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El abogado Hassan Kohen
Abogado del Colegio de Abogados de París: expropiación forzosa por causa de utilidad pública (expropriation pour cause d'utilité publique), fijación de indemnizaciones, litigios sobre la declaración de utilidad pública y la transmisibilidad.
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Página actualizada el 31 de octubre de 2026.
Respuesta rápida
Un inmueble solo puede ser expropiado si la expropiación responde a una utilidad pública declarada tras una encuesta pública, tras haberse determinado las parcelas y los propietarios de forma contradictoria, y da lugar a una justa y previa indemnización (artículo L. 1 del Código de Expropiación francés, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique). La fase administrativa culmina en la declaración de utilidad pública y después en la orden de transmisibilidad (artículos L. 121-1 y L. 132-1), impugnables ante el juez administrativo en los dos meses siguientes (artículo R. 421-1 del Código de Justicia Administrativa francés). La fase judicial comienza con la orden del juez de expropiación (juge de l'expropriation), que transfiere la propiedad a falta de cesión amistosa (artículo L. 220-1). A falta de acuerdo, el mismo juez fija las indemnizaciones, que cubren la totalidad del perjuicio directo, material y cierto (artículos L. 311-5 y L. 321-1), tras el intercambio de escritos, la visita al lugar y las conclusiones del comisario del Gobierno (commissaire du Gouvernement); las partes están obligadas a designar abogado, aunque el Estado y las entidades locales pueden hacerse representar por un agente (artículo R. 311-9). El despacho Kohen Avocats, en el distrito 16 de París, interviene a favor del expropiado, del arrendatario o del comerciante desalojado, así como del expropiante. Contacto en el +33 6 89 11 34 45.
¿Encuesta pública abierta, oferta recibida, citación ante el juez?
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La expropiación en París y en Francia, explicada
La expropiación solo puede decretarse tras una utilidad pública « previa y formalmente declarada tras una encuesta » (artículo L. 1 del Código de Expropiación francés). Cómo se declara la operación, cómo se impugna, cómo se fija la indemnización y qué pueden obtener los arrendatarios, los comerciantes y los antiguos propietarios.
Puntos clave
Cuatro condiciones antes de cualquier desposesión
Lo que la administración debe haber cumplido y lo que el expropiado puede comprobar en cada etapa.
Una utilidad pública previa y formalmente declarada tras una encuesta, declarada por la autoridad competente del Estado, mediante decreto del Consejo de Estado (Conseil d'État) para determinadas operaciones (artículo L. 1 y artículo L. 121-1).
Parcelas y propietarios determinados de forma contradictoria, y declarados después transmisibles mediante una orden que establece su lista, si esta no resulta de la declaración de utilidad pública (artículo L. 132-1).
Una transmisión de la propiedad realizada por cesión amistosa o, a falta de esta, por orden del juez de expropiación, dictada a la vista de los documentos que acreditan que se han cumplido los trámites de la fase administrativa (artículo L. 220-1 y artículo L. 221-1).
Una justa y previa indemnización, fijada a falta de acuerdo por el juez de expropiación, magistrado de un tribunal judicial (tribunal judiciaire) del departamento (artículo L. 311-5 y artículo L. 211-1).
El calendario está regulado. El acto que declara la utilidad pública debe dictarse como máximo un año después del cierre de la encuesta, plazo que se amplía a dieciocho meses cuando se requiere un decreto del Consejo de Estado (artículo L. 121-2). Dicho acto fija el plazo concedido para llevar a cabo la expropiación, que no puede exceder de cinco años, o de diez años si la operación está prevista en un plan urbanístico local (plan local d'urbanisme), límite que no se aplica a la declaración efectuada mediante decreto del Consejo de Estado (artículo L. 121-4). Si el plazo inicial no excede de cinco años, un acto adoptado en la misma forma puede prorrogarlo una sola vez, por una duración como máximo igual y sin nueva encuesta si no concurren circunstancias nuevas; cualquier otra prórroga exige un decreto del Consejo de Estado (artículo L. 121-5).
Este plazo protege al propietario. El Tribunal de Casación (Cour de cassation) considera que « el juez de expropiación no puede decretar la transferencia de la propiedad cuando, en la fecha de su orden, la decisión de declaración de utilidad pública de la operación ha caducado » (traducción propia) (Cass. 3e civ., 9 avril 2026, n° 24-17.155); desestimó los recursos de casación del municipio expropiante. La orden de expropiación extingue, por sí misma y en su fecha, todos los derechos reales o personales sobre el inmueble, y los derechos de los acreedores inscritos se trasladan a la indemnización (artículos L. 222-2 y L. 222-3).
El expropiante puede notificar sus ofertas desde la apertura de la encuesta previa, si puede determinar las parcelas afectadas (artículo R. 311-4). Por ello, los intercambios comienzan a menudo antes de la declaración de utilidad pública: es el momento de reunir títulos de propiedad, contratos de arrendamiento, planos y referencias de ventas comparables. Véase nuestro artículo sobre la fase judicial y la fijación de la indemnización por el juez.
La fase administrativa
Impugnar la declaración de utilidad pública y la orden de transmisibilidad
El juez administrativo controla el procedimiento y el balance de la operación; sus decisiones determinan la suerte de la orden de expropiación.
Encuesta pública
La encuesta previa se rige por el Código de Expropiación o, para las operaciones que puedan afectar al medio ambiente, por el Código de Medio Ambiente francés (Code de l'environnement) (artículo L. 110-1). Las conclusiones del comisario encuestador se comunican a las personas interesadas que lo soliciten (artículo L. 112-1).
Declaración de utilidad pública
La adopta la autoridad competente del Estado como máximo un año después del cierre de la encuesta, dieciocho meses si se requiere un decreto del Consejo de Estado, y precisa el plazo de realización de la expropiación (artículos L. 121-2 y L. 121-4).
Orden de transmisibilidad
Designa las parcelas o derechos reales cuya expropiación es necesaria para la operación (artículo L. 132-1).
Recursos
El tribunal administrativo conoce del recurso interpuesto contra la decisión, en los dos meses siguientes a su notificación o publicación (artículo R. 421-1 del Código de Justicia Administrativa francés).
Excepción de ilegalidad
En apoyo de un recurso contra la orden de transmisibilidad, el recurrente puede invocar la ilegalidad de una prórroga de la declaración de utilidad pública, que forma con ella y con la orden una misma operación compleja (opération complexe) (CE, 12 octobre 2018, n° 417016).
Anulación y orden de expropiación
Si la anulación de la declaración de utilidad pública o de la transmisibilidad pasa a ser firme, cualquier expropiado puede pedir al juez que declare que la orden carece de base legal, en los dos meses siguientes a la notificación de la decisión o de la información dada por el expropiante (artículo L. 223-2, artículos R. 223-2 y R. 223-3).
El control se centra, en primer lugar, en el balance. El Consejo de Estado recuerda que una operación solo puede declararse de utilidad pública si las afectaciones a la propiedad privada, el coste financiero y, en su caso, los inconvenientes de orden social o la afectación a otros intereses públicos no son excesivos en relación con el interés que presenta. Como juez de casación, validó la apreciación del tribunal administrativo de apelación, que había anulado la declaración de utilidad pública de un bulevar urbano cuyo coste y afectación a un paisaje notable eran excesivos, y que había considerado además la parcialidad inicial del comisario encuestador, expresada en la prensa al día siguiente de la apertura de la encuesta (CE, 28 juin 2021, n° 434150).
La sanción pasa después al juez judicial. La orden de expropiación solo puede impugnarse mediante recurso de casación (pourvoi en cassation), por incompetencia, exceso de poder o vicio de forma (artículo L. 223-1). El Tribunal de Casación anuló sin reenvío una orden que decretaba una expropiación parcial sin documento previo de deslinde, recordando que « debe realizarse previamente un acta de deslinde (procès-verbal d'arpentage), de modo que las parcelas afectadas se designen conforme a la numeración resultante de ese documento » (traducción propia) (Cass. 3e civ., 28 mai 2025, n° 23-19.940). A la inversa, considera ahora que « la anulación futura de la declaración de utilidad pública o de la orden de transmisibilidad no da lugar a la casación de la orden de expropiación por pérdida de base legal » (traducción propia) (Cass. 3e civ., 16 janvier 2025, n° 23-21.174). Esta regla es de aplicación inmediata, salvo que se haya notificado una anulación firme antes de la sentencia; al no haberse producido ninguna anulación firme en ese asunto, el motivo se declaró inadmisible y se desestimaron los recursos de la sociedad expropiada. El expropiado debe entonces acudir a la vía del artículo L. 223-2.
Los dos frentes se llevan a la vez: la decisión del juez administrativo determina la suerte de la orden, mientras que la indemnización se discute ante el juez de expropiación. Véase nuestro artículo sobre la impugnación de la declaración de utilidad pública y de la indemnización y nuestra página de derecho público.
Las dos partes
Usted es expropiado o lleva a cabo la operación
Los mismos textos se leen de forma distinta según se sufra la expropiación o se promueva.
Usted es propietario, ocupante o explotador
- Verificar la declaración de utilidad pública, su duración, la orden de transmisibilidad y la notificación de los actos.
- Responder a la oferta en el plazo de un mes con una demanda cifrada y detallada, indemnización por indemnización.
- Preparar el escrito, los términos de comparación y la visita al lugar, y rebatir después las conclusiones del comisario del Gobierno.
Usted es entidad local, promotor o ente público
- Asegurar la encuesta, la declaración de utilidad pública, el estado parcelario (état parcellaire) y el plazo de realización.
- Notificar ofertas que distingan la indemnización principal de las indemnizaciones accesorias y redactar el escrito de interposición.
- Justificar la calificación y las referencias utilizadas, y preparar las cesiones amistosas.
La cuantía reclamada vincula al juez. Según el artículo R. 311-22, el juez resuelve dentro del límite de las pretensiones de las partes, y se considera que el demandado que no ha notificado su escrito de contestación en las seis semanas mantiene sus ofertas o su respuesta a las ofertas. El Tribunal de Casación deduce de ello que, cuando el expropiado ha formulado una demanda, « el juez no puede resolver por encima de su cuantía, incluso cuando la propuesta del comisario del Gobierno sea superior » (traducción propia) (Cass. 3e civ., 9 octobre 2025, n° 24-12.637). A la inversa, el expropiado que ha guardado silencio puede obtener más que la oferta, sin superar la propuesta del comisario del Gobierno; en ese asunto, se desestimó el recurso del expropiante. Una demanda cifrada demasiado baja limita al juez: el despacho la fija tras examinar íntegramente el bien.
Los puntos que el despacho examina en cada expediente:
La fase judicial
El juez de expropiación y la fijación de la indemnización
Un procedimiento escrito, con plazos breves, que se decide en las fechas de valoración y en las referencias.
Oferta
El expropiante notifica sus ofertas, distinguiendo la indemnización principal y cada indemnización accesoria, e invita al interesado a manifestar por escrito, en el plazo de un mes, su aceptación o el importe detallado de su demanda (artículo L. 311-4 y artículo R. 311-5).
Solicitud al tribunal
A falta de acuerdo en ese plazo, la parte más diligente somete el asunto al juez mediante un escrito dirigido a la secretaría; las partes están obligadas a designar abogado (artículo R. 311-9). El expropiado puede acudir al juez a partir de la orden de expropiación (artículo L. 311-6).
Escritos
El demandado dispone de seis semanas para responder al escrito del demandante; los escritos cifran cada indemnización y se acompañan de los documentos (artículos R. 311-11 y R. 311-12).
Comisario del Gobierno
Bajo pena de inadmisibilidad, notifica sus conclusiones al menos ocho días antes de la visita al lugar, con los términos de comparación utilizados y una valoración motivada (artículo R. 311-16).
Visita al lugar
El juez visita el lugar en los dos meses siguientes a su orden, avisando a las partes con quince días de antelación, y celebra después la audiencia pública (artículos R. 311-14, R. 311-15 y R. 311-18).
Sentencia y apelación
La sentencia distingue la indemnización principal y las indemnizaciones accesorias (artículo L. 321-3). El recurso de apelación se interpone en el plazo de un mes desde su notificación y no tiene efecto suspensivo (artículos R. 311-24 y R. 311-25).
Dos fechas rigen la valoración. El juez toma en cuenta la composición de los bienes en la fecha de la orden, sin indemnizar las mejoras realizadas con el fin de obtener una indemnización más elevada, que se presumen tales tras la apertura de la encuesta (artículo L. 322-1). Los bienes se valoran en la fecha de la sentencia de primera instancia pero, sin perjuicio de las reglas propias de los terrenos edificables y de las reservas de suelo (emplacements réservés), solo cuenta su uso efectivo un año antes de la apertura de la encuesta, salvo fechas particulares, y se descartan los aumentos de valor causados por el anuncio del proyecto (artículo L. 322-2). En caso de expropiación parcial, la calificación de los terrenos se aprecia « respecto de la parcela entera de la que se ha segregado la superficie afectada, y no en función de esta sola superficie » (traducción propia); el Tribunal de Casación desestimó el recurso de la metrópoli expropiante (Cass. 3e civ., 6 mars 2025, n° 23-22.427).
La calificación de suelo edificable (terrain à bâtir) supone una clasificación que permita construir y un servicio efectivo por redes de dimensiones adecuadas (artículo L. 322-3). En una zona de ordenación de conjunto, cuando solo se discute la dimensión de las redes, « corresponde al expropiante, responsable de la ordenación de esta y único que dispone de la información del expediente a que se refiere el artículo R. 112-5 del Código de Expropiación por causa de utilidad pública, probar esa insuficiencia » (traducción propia) (Cass. 3e civ., 8 janvier 2026, n° 24-22.726). Existe el límite inverso: « solo puede indemnizarse el perjuicio basado en un derecho jurídicamente protegido el día de la expropiación » (traducción propia), de modo que la construcción edificada irregularmente en una parcela no edificable no da derecho a indemnización, aunque la acción de demolición haya prescrito (Cass. 3e civ., 15 février 2024, n° 22-16.460).
La indemnización de reinversión (indemnité de remploi) cubre los gastos que normalmente se soportan para adquirir un bien de la misma naturaleza, salvo que el bien estuviera notoriamente destinado a la venta o se hubiera puesto en venta en los seis meses anteriores a la declaración de utilidad pública (artículo R. 322-5). El Tribunal de Apelación de París (cour d'appel de Paris) la concedió a una sociedad que había adquirido el bien después de la declaración, al considerar que « tampoco se ha demostrado que el bien estuviera notoriamente destinado a la venta en el sentido del artículo R. 322-5 del Código de Expropiación por causa de utilidad pública citado » (traducción propia), y la fijó en 422 800 euros (CA Paris, pôle 4, ch. 7, 8 janvier 2026, n° 24/08024). Véase nuestro artículo sobre el procedimiento de fijación y el cálculo de la indemnización.
Los demás interesados
Arrendatarios, comerciantes, expropiación total, derecho de requerir la compra y retrocesión
La expropiación afecta también a quienes ocupan o explotan el inmueble, y deja derechos tras la transmisión.
El propietario debe dar a conocer al expropiante los arrendatarios, aparceros y titulares de derechos de uso o de servidumbres (artículo L. 311-2); los demás interesados que no se den a conocer tras la publicidad colectiva pierden todo derecho a indemnización (artículo L. 311-3).
El juez fija indemnizaciones distintas en favor de las partes que las reclaman a títulos diferentes (artículo L. 321-2).
El expropiante puede ofrecer al comerciante, artesano o industrial desalojado un local equivalente en la misma aglomeración, y el juez resuelve las diferencias sobre la equivalencia (artículo L. 322-12).
Las indemnizaciones por mudanza de los expropiados, arrendatarios y ocupantes desalojados son pagaderas sin perjuicio de cualquier oposición de los acreedores (artículo L. 323-1).
El expropiado cuya parte restante de un inmueble edificado ya no sea utilizable en condiciones normales puede pedir la expropiación total (emprise totale), en el plazo de un mes desde la notificación de las ofertas (artículo L. 242-1 y artículo R. 242-1).
Un año después de la publicación de la declaración de utilidad pública, el propietario puede requerir al expropiante para que adquiera su bien en un plazo de dos años; a falta de acuerdo, el juez decreta la transmisión y fija el precio (artículos L. 241-1 y L. 241-2). El propietario de un terreno situado en una reserva de suelo o en una zona de actuación concertada (zone d'aménagement concerté) dispone de un derecho comparable a requerir la compra (droit de délaissement): a falta de acuerdo sobre el precio en el plazo de un año, el juez de expropiación decreta la transmisión y fija el precio (artículos L. 152-2, L. 311-2 y L. 230-3 del Código de Urbanismo francés).
Para el comerciante, la indemnización sigue el perjuicio realmente sufrido. El Tribunal de Casación lo establece como principio: « El explotador desalojado puede reclamar la reparación de la perturbación comercial consecutiva a la medida de expropiación, siempre que sea distinta del perjuicio indemnizado mediante la asignación del valor total del fondo de comercio y de la indemnización de reinversión. » (traducción propia) Añade que el desalojo parcial también puede afectar a la actividad que continúa fuera de la superficie expropiada; casó la sentencia que denegaba toda indemnización por ese concepto (Cass. 3e civ., 4 juillet 2024, n° 23-15.027). Para una farmacia desalojada, el Tribunal de Apelación de París fijó la indemnización total en 1 651 843 euros, adoptando para la perturbación comercial, a la vista de las circunstancias del caso, « el método habitual de 15 días de volumen de negocio medio de los tres últimos años » (traducción propia) (CA Paris, pôle 4, ch. 7, 12 décembre 2024, n° 23/04939).
Tras la transmisión, el derecho de retrocesión (rétrocession) sigue abierto: si el inmueble no ha recibido el destino previsto en los cinco años siguientes a la orden, o ha dejado de recibirlo, los antiguos propietarios o sus causahabientes a título universal pueden pedir su retrocesión durante treinta años, salvo nueva declaración de utilidad pública (artículo L. 421-1). El Tribunal de Casación precisa el momento de una eventual renuncia: « El expropiado puede renunciar al derecho de retrocesión, que es de orden público de protección, una vez adquirido este. » (traducción propia) El derecho se adquiere cinco años después de la orden si el bien no ha recibido su destino, o antes si el proyecto realizado es incompatible con el declarado de utilidad pública; una renuncia estipulada antes de esa fecha carece de efecto (Cass. 3e civ., 19 janvier 2022, n° 20-19.351). Se muestra estricto con los plazos: la acción debe ejercitarse en los dos meses siguientes a la notificación de la negativa del expropiante y en los treinta años siguientes a la orden, y la solicitud previa no interrumpe la prescripción treintenal; los antiguos propietarios perdieron (Cass. 3e civ., 19 septembre 2024, n° 23-20.053).
El arrendamiento comercial sigue sus propias reglas fuera de la expropiación: véase nuestra página sobre el arrendamiento comercial. Cuando la entidad pública adquiere por tanteo (préemption), el precio lo fija, a falta de acuerdo, la jurisdicción de expropiación, sin indemnización de reinversión (artículo L. 213-4 del Código de Urbanismo francés): véase nuestra página sobre el derecho de tanteo.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Catorce respuestas detalladas, basadas en los textos vigentes y en resoluciones verificadas.
¿Qué hace un abogado de expropiación y en qué momento conviene consultarlo?
Interviene en cuanto el proyecto se concreta: apertura de la encuesta pública, primer contacto de un operador de suelo, notificación de un acto. La expropiación solo puede decretarse si responde a una utilidad pública « previa y formalmente declarada tras una encuesta », tras la determinación contradictoria de las parcelas y la búsqueda de los propietarios (artículo L. 1 del Código de Expropiación francés, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique). El expropiante puede notificar sus ofertas desde la apertura de esa encuesta (artículo R. 311-4), y el interesado dispone entonces de un mes para aceptar o cifrar su demanda (artículo R. 311-5).
Se abren dos frentes. Ante el juez administrativo, la declaración de utilidad pública y la orden de transmisibilidad se impugnan en los dos meses siguientes a su publicación o notificación (artículo R. 421-1 del Código de Justicia Administrativa francés). Ante el juez de expropiación, la indemnización se discute mediante escritos, y las partes están obligadas a designar abogado (artículo R. 311-9 del Código de Expropiación).
El despacho verifica la regularidad del procedimiento, valora el bien con usted, redacta la respuesta a la oferta y los escritos, asiste a la visita al lugar y negocia, en su caso, una cesión amistosa. También asesora a las entidades locales y a los promotores que llevan a cabo la operación. Véase nuestro artículo sobre la expropiación en París.
¿Se puede impugnar la declaración de utilidad pública?
Sí, ante el tribunal administrativo, mediante un recurso interpuesto en los dos meses siguientes a su publicación o notificación (artículo R. 421-1 del Código de Justicia Administrativa francés, Code de justice administrative). La orden de transmisibilidad (arrêté de cessibilité) se impugna del mismo modo, y el recurrente puede entonces invocar la ilegalidad de una prórroga de la declaración de utilidad pública, que forma con ella y con la orden una misma operación compleja (CE, 12 octobre 2018, n° 417016).
Los motivos atañen al procedimiento y al fondo. El procedimiento: regularidad de la encuesta (artículo L. 110-1 del Código de Expropiación francés), plazo de un año entre el cierre de la encuesta y la declaración (artículo L. 121-2), duración de la validez y prórroga (artículos L. 121-4 y L. 121-5). El fondo: el Consejo de Estado solo admite la utilidad pública si las afectaciones a la propiedad privada, el coste financiero y los demás inconvenientes no son excesivos en relación con el interés de la operación. Como juez de casación, validó la apreciación del tribunal administrativo de apelación, que había anulado una declaración relativa a un proyecto viario cuyo coste y afectación al paisaje eran excesivos, considerando también la parcialidad del comisario encuestador expresada en la prensa (CE, 28 juin 2021, n° 434150).
La utilidad del recurso depende del expediente: puede hacer caer la operación o pesar en la negociación. El juez administrativo no fija la indemnización, que corresponde únicamente al juez de expropiación. Véase nuestra página de derecho público.
La declaración de utilidad pública se anula después de la orden: ¿qué ocurre con la expropiación?
En caso de anulación firme de la declaración de utilidad pública o de la orden de transmisibilidad por el juez administrativo, cualquier expropiado puede pedir al juez de expropiación que declare que la orden que transfiere la propiedad carece de base legal y solicitar su anulación; el juez resuelve después sobre las consecuencias (artículo L. 223-2 del Código de Expropiación francés, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique).
El plazo es breve. El expropiado acude al juez en los dos meses siguientes a la notificación de la decisión firme de anulación, bajo pena de inadmisibilidad, o, si no era parte ante el juez administrativo, en los dos meses siguientes a la información que el expropiante debe dirigirle (artículos R. 223-2 y R. 223-3). El expediente comprende la decisión de anulación, la orden y, en su caso, la decisión que fija las indemnizaciones (artículo R. 223-1). Si el bien puede restituirse, el juez designa lo que corresponde al expropiado y las sumas que debe devolver; en caso contrario, la acción se resuelve en daños y perjuicios (artículo R. 223-6).
Una anulación que solo está pendiente ya no permite pedir la casación de la orden por pérdida de base legal. El Tribunal de Casación (Cour de cassation) considera que « la anulación futura de la declaración de utilidad pública o de la orden de transmisibilidad no da lugar a la casación de la orden de expropiación por pérdida de base legal » (traducción propia) (Cass. 3e civ., 16 janvier 2025, n° 23-21.174); la regla es de aplicación inmediata, salvo que se haya notificado una anulación firme antes de esa sentencia, y el expropiado debe acudir al artículo L. 223-2. En ese asunto, al no haber anulación firme, el motivo se declaró inadmisible y se desestimaron los recursos. La orden sigue siendo impugnable en casación por incompetencia, exceso de poder o vicio de forma (artículo L. 223-1).
He recibido la oferta del expropiante: ¿en qué plazo debo responder y qué debo responder?
En el plazo de un mes desde la notificación, por escrito: o bien usted acepta, o bien indica el importe detallado de su demanda. La oferta debe distinguir la indemnización principal, las ofertas en especie y cada una de las indemnizaciones accesorias (artículo R. 311-5 del Código de Expropiación francés, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique). A falta de acuerdo en ese mes, la parte más diligente puede acudir al juez (artículo R. 311-9). Si el expropiante no notifica ninguna oferta, cualquier interesado puede requerirle para que lo haga una vez dictada la orden de transmisibilidad (artículo R. 311-7).
El contenido de la respuesta importa tanto como su plazo. El juez resuelve dentro del límite de las pretensiones de las partes (artículo R. 311-22), y el Tribunal de Casación extrae de ello una consecuencia clara: cuando el expropiado ha formulado una demanda, « el juez no puede resolver por encima de su cuantía, incluso cuando la propuesta del comisario del Gobierno sea superior » (traducción propia) (Cass. 3e civ., 9 octobre 2025, n° 24-12.637). Una demanda cifrada demasiado baja puede, por tanto, limitar la indemnización.
Para cifrar la demanda, la administración tributaria transmite, sin coste alguno, a los expropiados que lo soliciten los valores del suelo declarados en las transmisiones de los cinco últimos años (artículo L. 322-10). El despacho reúne estas referencias, examina el estado, la superficie, la situación arrendaticia y la calificación del bien, y redacta después una respuesta que detalla cada indemnización y reserva la petición de expropiación total, que debe formularse en el mismo mes (artículo R. 242-1).
¿Cómo se desarrolla el procedimiento ante el juez de expropiación?
Es escrito y rápido. El juez conoce del asunto mediante un escrito dirigido a la secretaría de la jurisdicción del lugar de los bienes, y las partes están obligadas a designar abogado (artículo R. 311-9 del Código de Expropiación francés, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique). El demandado dispone de seis semanas para notificar su escrito de contestación (artículo R. 311-11). Cada escrito expone los motivos, adjunta los documentos e indica el importe solicitado u ofrecido por la indemnización principal y por cada indemnización accesoria (artículo R. 311-12).
El juez fija después, mediante orden, la fecha de la visita al lugar, que se celebra en los dos meses siguientes pero una vez transcurridas las seis semanas (artículo R. 311-14). Se avisa a las partes con al menos quince días de antelación y la visita se realiza en su presencia (artículo R. 311-15). El comisario del Gobierno notifica sus conclusiones al menos ocho días antes de la visita, bajo pena de inadmisibilidad, con los términos de comparación en que se basa (artículo R. 311-16). La audiencia pública sigue a la visita (artículo R. 311-18); las partes solo pueden desarrollar en ella los elementos de sus escritos (artículo R. 311-20). Para un bien difícil de valorar, el juez puede designar a un perito (artículo R. 322-1).
El expropiante soporta por sí solo las costas de primera instancia (artículo L. 312-1). El despacho prepara la visita como una audiencia: plano, fotografías, referencias comentadas y respuesta escrita a las conclusiones del comisario del Gobierno. Véase nuestro artículo sobre la fase judicial.
¿Cómo se calcula la indemnización principal?
Repara la pérdida del bien, en el marco de un principio general: las indemnizaciones cubren la totalidad del perjuicio directo, material y cierto causado por la expropiación (artículo L. 321-1 del Código de Expropiación francés, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique). El juez toma en cuenta la composición del bien en la fecha de la orden (artículo L. 322-1) y lo valora en la fecha de la sentencia de primera instancia, considerando únicamente, sin perjuicio de las reglas de los terrenos edificables, su uso efectivo un año antes de la apertura de la encuesta, salvo fechas de referencia particulares, y sin tener en cuenta los aumentos de valor causados por el anuncio de la operación (artículo L. 322-2).
La valoración se apoya en términos de comparación procedentes de escrituras de transmisión, que el comisario del Gobierno debe referenciar en sus conclusiones (artículo R. 311-16). El juez tiene en cuenta los acuerdos amistosos celebrados dentro del perímetro de la operación y los toma como base cuando reúnen una parte suficiente de los propietarios y de las superficies (artículo L. 322-8). No puede superar la estimación de la administración si una transmisión de menos de cinco años dio lugar a una valoración fiscal firme o a una declaración inferior, salvo prueba de que esa estimación no tiene debidamente en cuenta la evolución del mercado (artículo L. 322-9). El coste de las obras prescritas por una medida de policía de seguridad o de salubridad y no realizadas se deduce, sin que la indemnización pueda descender al valor del suelo sin edificar (artículo L. 322-7).
Dos sentencias ilustran los límites. En caso de expropiación parcial, la calificación se aprecia « respecto de la parcela entera de la que se ha segregado la superficie afectada » (traducción propia) (Cass. 3e civ., 6 mars 2025, n° 23-22.427). En cambio, una construcción irregular en una parcela no edificable no se indemniza, por falta de un derecho jurídicamente protegido (Cass. 3e civ., 15 février 2024, n° 22-16.460).
¿Puede calificarse mi terreno de suelo edificable (terrain à bâtir)?
La calificación es decisiva para el valor. Se reserva a los terrenos que, un año antes de la apertura de la encuesta, están a la vez situados en un sector designado como edificable por el documento urbanístico, o en una parte actualmente urbanizada del municipio a falta de documento, y efectivamente servidos por una vía de acceso, una red eléctrica, una red de agua potable y, si las normas lo exigen, una red de saneamiento, situadas en las inmediaciones y de dimensiones adecuadas a la capacidad de construcción (artículo L. 322-3 del Código de Expropiación francés, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique). En caso contrario, el terreno se valora únicamente según su uso efectivo.
La prueba se discute. En una zona destinada a una operación de ordenación de conjunto, la dimensión de las redes se aprecia respecto de toda la zona, y el Tribunal de Casación considera que, cuando solo se cuestiona esa dimensión, « corresponde al expropiante, responsable de la ordenación de esta y único que dispone de la información del expediente a que se refiere el artículo R. 112-5 del Código de Expropiación por causa de utilidad pública, probar esa insuficiencia » (traducción propia); mantuvo la calificación de suelo edificable frente al municipio (Cass. 3e civ., 8 janvier 2026, n° 24-22.726).
La valoración tiene en cuenta después las posibilidades legales y efectivas de construcción en la fecha de referencia y las servidumbres, salvo intención dolosa del expropiante (artículo L. 322-4). Un terreno situado en una reserva de suelo se valora como si ya no estuviera incluido en ella (artículo L. 322-6). El despacho reconstruye la situación urbanística y de servicios en la fecha adecuada, con los documentos que la acrediten.
¿Qué indemnizaciones accesorias se pueden obtener?
Todas las que reparan un perjuicio directo, material y cierto causado por la expropiación (artículo L. 321-1 del Código de Expropiación francés, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique). La sentencia las distingue de la indemnización principal y precisa sus bases (artículo L. 321-3), como deben hacer también las ofertas (artículo R. 311-5).
La indemnización de reinversión es la más frecuente: cubre los gastos de todo orden que normalmente se soportan para adquirir un bien de la misma naturaleza por un precio igual a la indemnización principal, teniendo en cuenta las ventajas fiscales vinculadas a la nueva compra, pero no se debe si el bien estaba notoriamente destinado a la venta o se puso en venta en los seis meses anteriores a la declaración de utilidad pública (artículo R. 322-5). El Tribunal de Apelación de París (cour d'appel de Paris) la concedió, señalando que « tampoco se ha demostrado que el bien estuviera notoriamente destinado a la venta en el sentido del artículo R. 322-5 del Código de Expropiación por causa de utilidad pública citado » (traducción propia), y la fijó en 422 800 euros para un conjunto inmobiliario (CA Paris, pôle 4, ch. 7, 8 janvier 2026, n° 24/08024).
Según los casos, se añaden los gastos de mudanza, pagaderos pese a las oposiciones de los acreedores (artículo L. 323-1), los gastos de reinstalación, la perturbación comercial o la pérdida de existencias de una empresa. El Tribunal de Apelación de París indemnizó así a una farmacia desalojada por la perturbación comercial, la pérdida en salarios y cargas, las existencias y los despidos (CA Paris, pôle 4, ch. 7, 12 décembre 2024, n° 23/04939). Para un inmueble en régimen de comunidad de propietarios cuya declaración de utilidad pública prevé la segregación de las superficies afectadas de la propiedad inicial, el juez fija también las indemnizaciones relativas a las consecuencias de esa segregación (artículos L. 122-6 y L. 321-4). El despacho elabora la lista de partidas desde la respuesta a la oferta, porque el juez solo resuelve sobre lo que se pide (artículo R. 311-22).
Soy arrendatario o comerciante en un inmueble expropiado: ¿cuáles son mis derechos?
Usted tiene derecho a una indemnización distinta de la del propietario (artículo L. 321-2 del Código de Expropiación francés, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique). El propietario debe darle a conocer al expropiante (artículo L. 311-2). Dése a conocer usted mismo sin esperar: los demás interesados, que no son propietarios ni han sido declarados por ellos, pierden todo derecho a indemnización si no se manifiestan tras la publicidad colectiva (artículo L. 311-3).
Para el comerciante, el artesano o el industrial, el expropiante puede ofrecer un local equivalente en la misma aglomeración en lugar de la indemnización, y el arrendatario puede recibir entonces, además de la indemnización por mudanza, una indemnización compensatoria por la privación del disfrute; el juez resuelve las diferencias sobre la equivalencia (artículo L. 322-12). En caso contrario, la indemnización repara la totalidad del perjuicio directo, material y cierto (artículo L. 321-1), empezando por la pérdida del fondo de comercio. El Tribunal de Casación admite la reparación de la perturbación comercial distinta, incluso en caso de desalojo parcial, correspondiendo al explotador probarla; casó la sentencia que la había denegado (Cass. 3e civ., 4 juillet 2024, n° 23-15.027). El Tribunal de Apelación de París fijó la indemnización de una farmacia desalojada en 1 651 843 euros, considerando también, a la vista de las circunstancias del caso, que la sociedad explotadora « debe ser indemnizada por la pérdida en salarios y cargas » (traducción propia) (CA Paris, pôle 4, ch. 7, 12 décembre 2024, n° 23/04939).
Los arrendatarios y titulares de arrendamientos comerciales, artesanales, industriales o agrícolas pueden obtener un anticipo del 50 % de las ofertas, en las condiciones del artículo L. 323-3. Los propietarios ocupantes de recursos modestos tienen derecho de prioridad para el realojo (artículo L. 423-1). Véase también nuestra página sobre el arrendamiento comercial.
Solo una parte de mi bien es expropiada: ¿puedo pedir la expropiación total?
Puede pedirla al juez, que la aprecia, en los casos previstos por la ley. Cuando la expropiación afecta solo a una porción de un inmueble edificado y la parte restante ya no es utilizable en condiciones normales, el expropiado puede pedir al juez la expropiación total (emprise totale); lo mismo ocurre con una parcela de terreno sin edificar reducida a la cuarta parte de su superficie, si el propietario no posee ningún terreno inmediatamente contiguo y la superficie restante es inferior a diez ares (artículo L. 242-1 del Código de Expropiación francés, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique). Si se admite la petición, el juez fija la indemnización de expropiación y el precio de la porción adquirida de más (artículo L. 242-2). Otros supuestos de expropiación total se refieren a las parcelas y explotaciones agrícolas cuya explotación deviene imposible en condiciones normales o cuya estructura queda comprometida (artículos L. 242-3 y L. 242-4).
El plazo es de un mes desde la notificación de las ofertas (artículo R. 242-1), y las notificaciones deben recordarlo (artículo R. 311-5). La petición se prepara, por tanto, al mismo tiempo que la respuesta a la oferta, y las demás consecuencias de la ocupación parcial se cifran como perjuicio directo, material y cierto (artículo L. 321-1).
La expropiación parcial debe vigilarse también desde el principio. El Tribunal de Casación anuló una orden que decretaba una expropiación parcial sin documento previo de deslinde que designara las parcelas resultantes de la división: « La orden adolece, por tanto, de un vicio de forma que debe dar lugar a su anulación. » (traducción propia) (Cass. 3e civ., 28 mai 2025, n° 23-19.940). Para la valoración, la calificación del terreno se juzga sobre el conjunto de la parcela de origen, no sobre la sola superficie afectada (Cass. 3e civ., 6 mars 2025, n° 23-22.427). El despacho examina el estado parcelario, la división y el uso del resto antes de responder a la oferta.
¿Cuándo hay que abandonar el lugar y cuándo se paga la indemnización?
La orden de expropiación pone al expropiante en posesión, pero a condición de que haya pagado la indemnización o, en caso de obstáculo al pago o de negativa, la haya consignado, o de que haya hecho aceptar o validar la oferta de un local de sustitución (artículo L. 222-1 del Código de Expropiación francés, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique). Los ocupantes deben abandonar el lugar en el plazo de un mes desde ese pago, esa consignación o esa aceptación; este plazo no puede modificarse, ni siquiera por el juez, y el desalojo puede perseguirse a continuación (artículo L. 231-1).
El recurso de apelación contra la sentencia que fija las indemnizaciones no tiene efecto suspensivo, pero la sentencia dictada antes de que la orden sea firme no puede ejecutarse antes de la transmisión de la propiedad (artículo R. 311-25). Mientras tanto, los propietarios que ocupan un local de vivienda o profesional pueden obtener, tras haberse sometido el asunto al juez y dictada la orden, un anticipo del 50 % de las ofertas del expropiante, limitado al 50 % de la estimación de la administración si las ofertas la superan, salvo realojo o reinstalación asegurados por el expropiante (artículo L. 323-3).
Si la indemnización fijada por una decisión firme no se paga ni se consigna en el plazo de un año, el expropiado puede pedir que se vuelva a resolver sobre su importe (artículo L. 323-4). El despacho controla estas fechas y hace valer estos derechos frente al expropiante.
¿Cómo se recurre en apelación la sentencia que fija la indemnización?
El recurso de apelación lo interponen las partes o el comisario del Gobierno en el plazo de un mes desde la notificación de la sentencia, mediante declaración hecha o enviada por carta certificada a la secretaría del tribunal de apelación, acompañada de una copia de la decisión (artículo R. 311-24 del Código de Expropiación francés, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique). No tiene efecto suspensivo (artículo R. 311-25).
Los plazos para presentar conclusiones se sancionan de oficio. En la redacción vigente desde el 1 de octubre de 2026, el apelante notifica sus conclusiones a los abogados de las demás partes y deposita un ejemplar en la secretaría en los tres meses siguientes a la declaración de apelación, bajo pena de caducidad; el apelado dispone de tres meses desde esa notificación, bajo pena de inadmisibilidad, y formula en el mismo plazo su apelación incidental; el comisario del Gobierno presenta sus conclusiones en el mismo plazo y bajo la misma sanción (artículo R. 311-26). Los documentos se comunican al mismo tiempo que las conclusiones. Las partes están obligadas a designar abogado (artículo R. 311-27), y el tribunal resuelve sobre escritos (artículo R. 311-28).
Ante el tribunal de apelación también, los bienes se siguen valorando en la fecha de la sentencia de primera instancia (artículo L. 322-2), y se aplica el límite de las pretensiones (artículo R. 311-22). El recurso de apelación se prepara, por tanto, desde la lectura de la sentencia: partidas denegadas, referencias descartadas, errores de fecha o de calificación. El despacho redacta las conclusiones dentro del plazo y responde a las del expropiante y del comisario del Gobierno.
El proyecto no se ha realizado: ¿se puede recuperar el bien expropiado?
Sí, mediante el derecho de retrocesión. Si el inmueble no ha recibido, en los cinco años siguientes a la orden de expropiación, el destino previsto, o ha dejado de recibirlo, los antiguos propietarios o sus causahabientes a título universal pueden pedir su retrocesión durante treinta años desde la orden, salvo que se requiera una nueva declaración de utilidad pública (artículo L. 421-1 del Código de Expropiación francés, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique). El precio se estima según las reglas de la expropiación, y la recompra debe firmarse y pagarse en el mes siguiente a su fijación, bajo pena de caducidad (artículos L. 421-2 y L. 421-3).
El procedimiento exige una solicitud al expropiante y, cuando la controversia afecta al derecho del reclamante, un recurso ante el tribunal judicial en los dos meses siguientes a la notificación de su negativa, bajo pena de caducidad (artículo R. 421-6). El Tribunal de Casación lo aplica con rigor: « la acción judicial de retrocesión debe ejercitarse en el plazo de dos meses desde la recepción de la notificación de la decisión administrativa denegatoria y en el plazo de treinta años desde la orden de expropiación » (traducción propia), y la solicitud previa no interrumpe este último plazo; los antiguos propietarios perdieron (Cass. 3e civ., 19 septembre 2024, n° 23-20.053).
Una renuncia firmada demasiado pronto carece de validez: el derecho solo puede abandonarse una vez adquirido (Cass. 3e civ., 19 janvier 2022, n° 20-19.351). Cuando el expropiante decide vender, debe proponer la retrocesión; si los antiguos propietarios están identificados, el silencio durante dos meses equivale a renuncia (artículos R. 421-1 y R. 421-3), y en caso contrario se publica un anuncio y el derecho debe declararse en los tres meses siguientes, bajo pena de caducidad (artículos R. 421-4 y R. 421-5).
¿Qué honorarios cobra un abogado de expropiación?
Salvo urgencia o fuerza mayor, los honorarios son objeto de un convenio escrito, conforme al artículo 10 de la ley de 31 de diciembre de 1971: usted sabe, antes de comprometerse, qué cubre el encargo y cuánto cuesta. Este convenio precisa el importe o el modo de determinación de los honorarios que cubren las actuaciones previsibles, así como los gastos y desembolsos previstos. La tarifa fija se establece tras leer los documentos útiles: declaración de utilidad pública, orden de transmisibilidad, oferta del expropiante, título de propiedad o contrato de arrendamiento, referencias de venta.
El despacho prefiere la tarifa fija por etapa: análisis del procedimiento, recurso contra la declaración de utilidad pública o la orden de transmisibilidad, respuesta a la oferta y negociación amistosa, escrito ante el juez de expropiación y visita al lugar, recurso de apelación, retrocesión. Los gastos de peritaje se añaden a los honorarios. Todo encargo nuevo da lugar a una adenda, sin facturación imprevista. Ante el juez de expropiación, el expropiante soporta por sí solo las costas de primera instancia (artículo L. 312-1 del Código de Expropiación francés, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique); los honorarios libremente pactados del abogado no forman parte de ellas, pues la remuneración de los abogados solo se incluye en las costas en la medida en que está regulada (artículo 695 del Código de Procedimiento Civil francés, Code de procédure civile).
Para una primera opinión sobre los documentos, el estudio previo del expediente por 80 € IVA incluido, a través del formulario de esta página, da lugar a un primer análisis escrito en 24 horas laborables. Primer contacto en el +33 6 89 11 34 45.
Referencias
Textos oficiales y páginas relacionadas
Las fuentes de esta página, verificadas el 31 de octubre de 2026, y las áreas de práctica afines del despacho.
Textos oficiales
- Artículos L. 1, L. 110-1 y L. 112-1 del Código de Expropiación francés : condiciones de la expropiación, encuesta pública
- Artículos L. 121-1, L. 121-2, L. 121-4 y L. 121-5 del Código de Expropiación francés : declaración de utilidad pública, plazos, prórroga
- Artículo L. 132-1 del Código de Expropiación francés : orden de transmisibilidad
- Artículos L. 211-1, L. 220-1, L. 221-1, L. 222-1, L. 222-2 y L. 222-3 del Código de Expropiación francés : juez de expropiación, orden, efectos de la transmisión
- Artículos L. 223-1, L. 223-2, R. 223-1, R. 223-2, R. 223-3 y R. 223-6 del Código de Expropiación francés : recurso de casación contra la orden, pérdida de base legal
- Artículos L. 231-1, L. 323-1, L. 323-3 y L. 323-4 del Código de Expropiación francés : toma de posesión, pago, anticipo
- Artículos L. 241-1, L. 241-2, L. 242-1, L. 242-2 y R. 242-1 del Código de Expropiación francés : derecho de requerir la compra (délaissement), expropiación total
- Artículos L. 311-1, L. 311-2, L. 311-3, L. 311-4, L. 311-5, L. 311-6, L. 311-7 y L. 312-1 del Código de Expropiación francés : ofertas, interesados, intervención del juez, costas
- Artículos R. 311-1, R. 311-4, R. 311-5, R. 311-7, R. 311-9, R. 311-11 y R. 311-12 del Código de Expropiación francés : notificaciones, ofertas, escritos, abogado
- Artículos R. 311-14, R. 311-15, R. 311-16, R. 311-18, R. 311-20, R. 311-21 y R. 311-22 del Código de Expropiación francés : visita al lugar, comisario del Gobierno, audiencia
- Artículos R. 311-24, R. 311-25, R. 311-26, R. 311-27 y R. 311-28 del Código de Expropiación francés : recurso de apelación
- Artículos L. 321-1, L. 321-2, L. 321-3 y L. 321-4 del Código de Expropiación francés : reparación íntegra, indemnizaciones distintas, segregación de superficies
- Artículos L. 322-1, L. 322-2, L. 322-3, L. 322-4, L. 322-6, L. 322-7, L. 322-8, L. 322-9, L. 322-10 y L. 322-12 del Código de Expropiación francés : reglas de valoración, suelo edificable, reserva de suelo, local equivalente
- Artículos R. 322-1 y R. 322-5 del Código de Expropiación francés : peritaje, indemnización de reinversión
- Artículos L. 421-1, L. 421-2, L. 421-3, R. 421-1, R. 421-3 y R. 421-6 del Código de Expropiación francés : retrocesión
- Artículo L. 423-1 del Código de Expropiación francés : prioridad de realojo
- Artículos L. 152-2, L. 213-4, L. 230-1, L. 230-3 y L. 311-2 del Código de Urbanismo francés : derechos de requerir la compra (délaissement), precio de tanteo
- Artículo R. 421-1 del Código de Justicia Administrativa francés : plazo de recurso de dos meses
- Artículo 10 de la ley n.º 71-1130, de 31 de diciembre de 1971 : convenio de honorarios
Resoluciones citadas
- CE, 28 juin 2021, n° 434150 : balance de la utilidad pública, imparcialidad del comisario encuestador
- CE, 12 octobre 2018, n° 417016 : operación compleja, prórroga invocada contra la transmisibilidad (anulación en interés de la ley)
- Cass. 3e civ., 9 avril 2026, n° 24-17.155 : declaración de utilidad pública caducada, transmisión denegada
- Cass. 3e civ., 28 mai 2025, n° 23-19.940 : orden anulada por vicio de forma
- Cass. 3e civ., 16 janvier 2025, n° 23-21.174 : pérdida de base legal, vía del artículo L. 223-2
- Cass. 3e civ., 9 octobre 2025, n° 24-12.637 : límite de las pretensiones y comisario del Gobierno
- Cass. 3e civ., 6 mars 2025, n° 23-22.427 : expropiación parcial, apreciación sobre la parcela entera
- Cass. 3e civ., 8 janvier 2026, n° 24-22.726 : suelo edificable, prueba de la insuficiencia de las redes
- Cass. 3e civ., 15 février 2024, n° 22-16.460 : construcción irregular no indemnizada
- CA Paris, pôle 4, ch. 7, 8 janvier 2026, n° 24/08024 : indemnización de reinversión, bien no destinado a la venta
- Cass. 3e civ., 4 juillet 2024, n° 23-15.027 : perturbación comercial del explotador desalojado
- CA Paris, pôle 4, ch. 7, 12 décembre 2024, n° 23/04939 : desalojo de una farmacia, indemnizaciones accesorias
- Cass. 3e civ., 19 janvier 2022, n° 20-19.351 : renuncia al derecho de retrocesión
- Cass. 3e civ., 19 septembre 2024, n° 23-20.053 : plazos de la acción de retrocesión
Para profundizar
¿Una encuesta pública, una oferta recibida, una indemnización que defender?
El despacho es localizable 24 horas, 7 días a la semana. Envíe la declaración de utilidad pública o el anuncio de la encuesta, la orden de transmisibilidad, la oferta del expropiante, su título o su contrato de arrendamiento y los documentos de que disponga: el abogado Hassan Kohen examina el procedimiento, la calificación del bien y los plazos, y le indica después la vía adecuada: recurso ante el juez administrativo, respuesta a la oferta, negociación amistosa, escrito ante el juez de expropiación, recurso de apelación o retrocesión.